El Ayuntamiento busca fórmulas para desactivar, antes de que pueda estallar, la «bomba» social en que se está convirtiendo la barriada de Las Viudas. La concentración de familias en riesgo de exclusión social, con un notable incremento de inmigrantes sin recursos, pero también la presencia de grupos vinculados al narcotráfico, en un polígono residencial de 780 pisos en un estado de degradación importante, hace que se generen problemas de convivencia.

El suceso donde tres personas fueron detenidas tras un altercado en el que resultaron lesionados otros tantos agentes de la Policía Municipal, llevó a los titulares informativos una situación de degeneración social que preocupa tanto al Ayuntamiento, como a los colectivos sociales de la zona, que reclaman la puesta en marcha de un plan de rehabilitación integral del barrio y un plan social para integrar a los más de 2.000 residentes.

El diagnóstico que realiza Enrique Jiménez, uno de los 25 representantes de las familias de etnia gitana, que suponen el 80% de los vecinos, pasa por actuaciones que «dignifiquen» a las personas. «Si se actúa sobre las viviendas ya es un primer paso, y si social y laboralmente se les prepara con cursos de verdad se conseguirá su integración», concreta. Y en esta línea están trabajando desde la Federación de Asociaciones Gitanas desde mayo, cuando se empezó a atisbar la posibilidad de plantear para Las Viudas una rehabilitación integral a semejanza de la que se está realizando en la barriada del 29 de Octubre, con unas características muy similares.

reunión. Un apoyo mayoritario que se ha ratificado esta semana en la reunión de los 25 representantes familiares con el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, donde conocieron la propuesta municipal para regenerar un área que se considera de «intervención social prioritaria porque la marginalidad de la zona va en progresivo aumento». Estas viviendas, construidas en los años 60, están en condiciones «precarias, sin aislantes, sin calefacción, con materiales de pésima calidad...», según el análisis de los técnicos municipales. «La ventaja es que los edificios son muy parecidos a los del 29 de octubre y el tipo de actuación de regeneración será muy similar, con lo que ya contamos con esa experiencia», apunta Saravia.

La actuación, que se tramitará como el Plan Especial de Reforma Interior APE-63 Nuevo Hospital y Polígono Viudas-Aramburu, se financiará en parte con la venta del terreno municipal liberado tras el acuerdo de ampliación de edificabilidad en La Electra para obtener el colegio del Salvador para construir el Campus de la Justicia. Un complejo acuerdo a tres bandas, donde el Ayuntamiento «se ahorra» siete millones de euros, según explica Saravia, que se podrán destinar a esta rehabilitación. «Si cerramos en breve, como esperamos este acuerdo, y podemos empezar a vender el suelo, las obras podrían empezar el próximo año», apunta. La operación de rehabilitación, que costará de seis fases, tendrá un coste de 26,3 millones. La rehabilitación se evalúa en 16,6 millones, la urbanización en cuatro y el resto son gastos de gestión, plan social y equipamiento. ¿Cómo se pagará? La previsión es que el Ministerio de Fomento aporte 8,9 millones, la Junta 5,4 y el resto (12,2) con aportación municipal por la venta de suelos como el de Zambrana. «Es un proyecto muy atractivo y ambicioso, que si sale adelante será muy importante porque es muy necesario», reitera Enrique Jiménez.

La Federación de Asociaciones Gitanas, que preside Jiménez, ofrece su colaboración. «Trabajamos con voluntariado porque nos han recortado las subvenciones, pero ayudaremos en todo lo que demanden». Una predisposición que los representantes familiares no extienden a la opción de realojar algunas familias. «No es tanto realojar como actuar sobre las personas. Si alguien es problemático aquí porque lo cambien de sitio no cambiará nada. Nosotros somos los primeros que tenemos claro que el que no quiera colaborar con la rehabilitación se debe ir, pero el realojo no es una opción».

Un planteamiento que debatirán con la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, a la que reclaman un plan social integral. De momento, Romero tiene claro que la concentración «dificulta» el trabajo para su integración o evitar al menos la marginación y exclusión social. Pone como ejemplo los cursos que se ofrecen a través de la Educación de Adultos para preparar a los beneficiarios para poder acceder posteriormente a los de la Escuela Taller Jacinto Benavente de Formación Profesional.

La edil asegura que los problemas derivados de la convivencia de varias culturales y etnias «es abordable», pero recuerda que las alarmas se activan cuando las «diferencias se utilizan para confrontar». Romero reconoce que cuando en una zona «no se puede entrar -ya sean los trabajadores de los servicios sociales o del servicio de limpieza- es que hay también un problema de delincuencia». Ante esta situación, aboga por la «dispersión» de las familias más «problemáticas» por distintos puntos de la ciudad. «Hay que deshacer los núcleos de pobreza y marginalidad porque se retroalimentan», detalla. Eso sí, matiza que no es un proyecto «a corto plazo» porque requiere un «planteamiento global».

Realojo. El plan de acción que plantea pretende ser «transversal» e implicar a las áreas de Seguridad y Urbanismo. Para «dispersar» a un número indeterminado de familias hace falta tirar del parque de alquiler social de VIVA, con unos alquileres que oscilan entre 50 y 167 euros. También conllevaría un proceso de selección de los beneficiarios, aunque la edil concreta que en el Ceas Delicias-Canterac «conocen» a todos. Eso sí, puntualiza que «no pueden intervenir en todas las viviendas porque hay familias que no lo permiten». Romero recuerda que en lo que va de año se han gestionado 378 rentas garantizadas de ciudadanía, que benefician a 1.134 personas. Igualmente se han tramitado 319 ayudas de emergencia, de las que 79 son para pobreza energética, y 178 ayudas a la domicilio. Las familias que las reciben tienen que «cumplir» las normas, reitera. «Hay normas que son para todos y tener una cultura diferente no evita que se deban cumplir». En este sentido pone como ejemplo la escolarización de los niños, mantener la limpieza de las zonas exteriores... «No puede haber normas para cada grupo», concluye.

Templar ánimos. Mientras se concreta la actuación de regeneración urbana y social, la Policía Municipal es la encargada de templar los ánimos en la zona. «Se está trabajando para que lo del otro día no se vuelva a producir, pero las normas son para todos y eso tienen que entenderlo. Desde el Ayuntamiento se actúa allí igual que se hace en otras zonas de la ciudad», explica el concejal de Seguridad, Luis Vélez. De hecho, el jefe de Distrito se reunió con «las personas de referencia» de la comunidad gitana» para trata de resolver este conflicto «hablando». 

El equipo de Gobierno también ha mantenido reuniones con los asociaciones del barrio, donde sí que se advierte que «es un foco de conflictividad que está creciendo». En este punto, tanto Vélez como Romero apuntan que no se trata de un problema con las personas de la etnia gitana sino que reiteran que «es de una zona y determinadas familias». Y ponen como ejemplo la «normalidad» con la que se trabaja con los realojados de Arturo Eyries.

En el problema de seguridad que existe en la zona también incide, según el edil de Seguridad, que el Ayuntamiento tiene unos recursos «limitados y lastrados» por una plantilla de Policía Municipal menguada por la tasa de reposición impuesta por el Gobierno central, que mantiene 50 vacantes sin cubrir. «En la zona este tenemos dos puntos calientes: 29 de octubre y Las Viudas, donde estamos tratando de reforzar la vigilancia policial», reconoce. Destaca los éxitos en la lucha contra el tráfico de drogas, pero resalta que es un trabajo a medio plazo. Eso sí, apunta que en la barriada del 29 de octubre «hay problemas pero se resuelven en el día a día».

La regeneración de esta zona es una reclamación histórica de la asociación Familiar Delicias. «Es necesaria la reforma integral de la barriada. El Ayuntamiento conoce desde hace años la problemática del grupo Aramburu y Las Viudas, que ahora se está extendiendo a la calle Hornija y Caamaño», explica Carmen Alonso Rodríguez, presidenta de la asociación. 

780

viviendas

Las 780 viviendas de los grupos Aramburu y Las Viudas están situadas entre el paseo Juan Carlos I, la avenida de Segovia y la calle Ebro. Tienen superficies de unos 30 m2 con tres dormitorios de 4m2, un salón de 10m2 , un aseo de 1m2, que incluía ducha e inodoro . En 2001 el Ayuntamiento anunció un plan de regeneración, valorado en 9,3 millones de euros, pero solo se acometió la reforma de dos portales el 1 y el 3 de la calle Hornija porque la mayoría de los vecinos no pudieron afrontar el pago de los 3.000 euros por vivienda que se planteó.

21.531

euros

Es la renta media de los vecinos del área de Caamaño-Las Viudas. Esta cifra es la segunda más baja de la capital, por detrás de los Pajarillos Bajos, y está entre las cien peores de todo el país. En el extremo opuesto están los vecinos de la zona centro y Universidad, que casi duplican la renta media de Las Viudas. En este área los vecinos disponen de una media de 40.402 euros al año.