Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves a dos varones, uno de 41 años y con un antecedente policial y otro de 38 y sin ellos, por favorecer a la inmigración irregular mediante contratos de arrendamiento fraudulentos con los que varios ciudadanos extranjeros pretendían regularizar su situación administrativa o reagrupar a sus familiares, según un comunicado del instituto armado. Se han detectado más de una docena de contratos falsificados que afectan a 10 viviendas de la ciudad de Valladolid y se han paralizado 23 expedientes de reagrupación familiar.

Los agentes iniciaron la investigación en agosto de 2020, en coordinación con la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Valladolid y el Negociado de Población del Ayuntamiento de Valladolid, cuando detectaron irregularidades en la presentación de solicitudes de reagrupación familiar por parte de ciudadanos marroquíes. Éstos presentaban contratos de arrendamiento de domicilios a los que nunca habían accedido y a cuyos arrendadores ni siquiera conocían.

La red desarticulada ofrecía asesoramiento, acompañamiento y documentación requerida a los ciudadanos extranjeros solicitantes que pretendían regularizar su situación en España o reagrupar a sus familiares de forma fraudulenta, según la información recogida por Ical.

El detenido de 41 años era el individuo de enlace, de origen marroquí y llevaba muchos años en España. Todo ello otorgaba cierta confianza a las víctimas y permitía la captación de clientes, “salvando la barrera del idioma y su desconocimiento de la legislación española”. El otro es un ciudadano español que se encargaba de elaborar los contratos, obteniendo las direcciones a utilizar entre su círculo familiar y laboral o bien a través de la obtención de documentos de identidad extraviados o sustraídos en los mercadillos. A éste último le abonaban las víctimas entre 2.000 y 3.000 euros dependiendo de sus posibilidades económicas.

Tras los beneficios obtenidos inicialmente, los investigados necesitaron nuevas direcciones para no ser detectados, por lo que utilizaron para ello los domicilios de su círculo socio-familiar, sin el consentimiento de sus propietarios. Estos últimos figuraban como arrendadores de sus propios domicilios sin tener conocimiento de ello.

Detención de los presuntos autores

El entramado criminal comenzó a desmontarse cuando a los ciudadanos extranjeros se les exigió, como requisito para ser concedida la solicitud de reagrupación familiar, presentar un informe de ocupación de vivienda en el que se reflejara que las personas empadronadas en el inmueble no superaban la capacidad de la vivienda.

En ese punto, los investigados “no tuvieron escrúpulos en tramitar la baja en el padrón de habitantes de los verdaderos moradores cuando daban de alta a su 'cliente', desconociendo que al efectuar tal procedimiento el Ayuntamiento de Valladolid comunicaba tales hechos mediante carta a los afectados”. Éstos, al ser oídos en declaración en dependencias policiales, manifestaron a los agentes desconocer los hechos, con lo que los agentes demostraron que “no coincidían sus firmas con las que figuraban en los contratos fraudulentos presentados”.

La investigación y detención, desarrolladas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valladolid, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.