«La situación de colapso derivada del parón de la actividad durante un cuatrimestre de 2020, debe hacernos pensar que volver a las posiciones previas en materia económica nos llevará un tiempo, pero sobre todo debe impulsarnos a plantear soluciones en favor de las pymes más allá de las cercanas e inminentes, que realmente existieron». El director general de Iberaval, Pedro Pisonero, considera que la clave de bóveda de esta crisis asomará al inicio del próximo año, cuando finalice la moratoria de muchos préstamos financieros o cuando se levanten ciertas limitaciones, por ejemplo, a los despidos y cuando -previsiblemente- acabarán los ERTE. 

En este contexto, destaca, deberán abordarse medidas suplementarias con vistas a mantener el flujo del crédito y el sostenimiento de las cadenas de cobros y pagos, sobre todo entre las micropymes -aquellas que tienen menos de cinco trabajadores- y los autónomos. 

Con este panorama, a su entender, Iberaval, la sociedad de garantía de Castilla y León, deberá jugar un papel destacado en el mantenimiento de la actividad de muchas empresas.

Pisonero resalta que desde el inicio de la «inesperada crisis», la colaboración público-privada ha sido uno de los timones que ha permitido evitar un viraje aún mayor hacia el abismo económico. En este punto, pone como ejemplo las líneas financieras puestas en marcha por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León o los instrumentos financieros que cofinancia el Gobierno regional, y que cuentan con respaldo de fondos Feder.

Sectores más afectados

Si se tiene en cuenta la evolución pandémica, Iberaval ha ido adaptando su actividad con nuevas líneas, en coordinación con el Gobierno de Castilla y León. Así, a líneas como la de digitalización o la de disposición de liquidez inmediata, puestas en funcionamiento en el mes de marzo, junto con préstamos preconcedidos a socios de la SGR, en las últimas semanas se han añadido nuevas opciones.

Entre ellas, las referidas a las zonas con restricciones de movilidad o las del canal Horeca (referido al sector hostelero, de restauración y cafeterías). En el caso de la primera se plantea una bonificación total de costes financieros para empresas situadas en estos lugares y se centra en operaciones de circulante, por importes comprendidos entre los 6.000 y los 100.000 euros, con un plazo de devolución de hasta cinco años, con opción de carencia.

En cuanto al canal Horeca, la Junta de Castilla y León estudia también la bonificación de costes derivados de la gestión de los proyectos por parte de la sociedad Iberaval, para operaciones de confirming «pago financiado» a proveedores, por importes de entre 6.000 y 300.000 euros. Se centrará en la financiación de la adquisición de productos del canal en empresas de la Comunidad, y tendrá una duración de hasta tres años, algo que permitirá evitar que los proveedores no vean aplazados sus cobros por falta de liquidez, ni perjudicados por la ausencia de pagos. Algo más importante si cabe, tras el cierre total del sector que ha entrado en vigor este viernes.