El Juzgado de lo Social que se encarga del caso del convenio colectivo del sector de la Hostelería ha aplazado, con acuerdo entre las partes, la citación que inicialmente estaba fijada para este jueves, 21 de noviembre, para que la Asociación de Hoteles de Valladolid y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería acrediten la representatividad de cada una de ellas.

Según han informado fuentes del caso, el motivo es que la Apeh no ha aportado la documentación requerida para determinar su representatividad de cara a la firma del nuevo convenio colectivo del sector, que lleva en el aire 20 meses.

Según han señalado fuentes de la Asociación de Hoteles, la decisión del aplazamiento, sin fecha para una nueva citación, se ha tomado con acuerdo de todas las partes, incluida la Apeh, si bien han recordado que esta organización empresarial no ha aportado las pruebas que reclamaba la representación de los hoteles para demostrar la representatividad que aseguran tener.

La vista estaba inicialmente fijada para el pasado 18 de septiembre pero el titular del Juzgado de lo Social que se encarga del caso retrasó la fecha al 21 de noviembre atendiendo a la petición de la Asociación de Hoteles de pruebas documentales que justifiquen la representatividad de las partes.

La Asociación de Hoteles ha añadido que el Juzgado no les ha reclamado más documentación que la que ya habían aportado hace unos meses.

Por su parte, el representante del sector Servicios en Comisiones Obreras Luis Sáez, ha calificado de "surrealista" todo lo que sucede en torno a este convenio colectivo, que ha recordado que se acordó en abril de 2018.

Pero posteriormente, se dieron "dificultades por parte de la patronal en la entrega del acta de la mesa de negociación", hubo hasta "cinco requerimientos" por parte de la Oficina Territorial de Trabajo, que acabó por derivar el asunto al Juzgado ya que "no tenían clara" la representación empresarial.

Todo ello supone que "después de 20 meses de estar firmado el convenio, no se ha publicado en el boletín oficial" y la conclusión de Sáez es que los "10.000 trabajadores" afectados "siguen dos años después sin convenio y sin cobrar atrasos y lógicamente con una importante frustración" por las trabas que considera que ponen tanto "la patronal" como las administraciones.