Los casi 85.000 funcionarios al servicio de la Junta de Castilla y León están convocados hoy a una huelga general de 24 horas tras el fracaso de la negociación para aplicar las 35 horas semanales. El primer gran parón de los empleados públicos autonómicos contra el Gobierno regional que se produce en la historia y que ocurre en plena campaña electoral y cuatro días antes de las Elecciones Generales. Una situación a la que se llega después de que los tres principales sindicatos de la función pública, CCOO, UGT y CSIF, rechazaran al mediodía de ayer la última oferta lanzada desde el Ejecutivo autonómico para devolver la jornada de 35 horas a los trabajadores públicos al servicio de la Administración regional. Una propuesta, según los sindicatos, «aún peor» que la presentada en la reunión del lunes, que fijaba la aplicación de las 35 horas el 31 de marzo de 2020, frente al 1 de enero exigido por los sindicatos, condicionada a una serie de objetivos como la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad o la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo pendiente de 2017 y 2018, y que plantea requisitos «difíciles de cumplir» en abril de 2020.
Un fracaso en las negociaciones que llega medio año después de que el anterior Ejecutivo firmase el acuerdo para volver a las 35 horas después de verano, -un documento que utilizó en campaña electoral el actual presidente regional-, y apenas 30 días después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmase en sede parlamentaria que se ponía al frente de las reuniones para desencallar la situación.
La huelga ya tiene fijados los servicios mínimos desde la semana pasada, aunque, según critican los sindicatos, suponen un elevado número de personal. Tras la convocatoria y celebración del paro general de 24 horas de hoy, la aplicación de la jornada de las 35 horas entra en un periodo de indefinición, tal y como avisó el lunes el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, que reconoció que «si no se consigue ahora, el siguiente escenario será de total incertidumbre para los empleados públicos».
Los sindicatos confían en su poder de movilización de cara a la jornada de hoy y se mostraron confiados de que la huelga general convocada tendrá un masivo seguimiento entre los casi 85.000 funcionarios públicos de la Administración regional.