Nunca una problemática había conseguido aunar en un mismo bloque a todas las organizaciones sindicales con representación en las Fuerzas de Seguridad; ni tan siquiera la pelea por los salarios. Todos, más allá de las siglas, van ahora de la mano para mostrarse en contra de la reforma de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana que está pergeñando el Gobierno en el marco del pacto entre PSOE y Unidas Podemos y que los agentes interpretan como «una quiebra del principio de autoridad», al limitar en muchos aspectos la capacidad operativa de los cuerpos policiales, fundamentalmente en el ámbito del control de masas.
Porque el grueso de cambios que contiene esta 'nueva' ley se refieren al papel que desempeñan los agentes ante manifestaciones y manifestantes, y creen que a los «ciudadanos transgresores les va a trasladar la idea de que todo vale ante la Policía», tal como defiende el secretario de la Confederación Española de Policía (CEP) en Castilla y León, Félix Ruiz. «Reivindicamos es poder realizar nuestro trabajo con eficiencia y eficacia, ya que es el ciudadano de bien quien sufre los desórdenes públicos», afirma.
En igual sentido, Óscar de Blas, secretario de acción sindical de Jupol en Valladolid, rechaza hasta la denominación mediática que se le dio a esta norma, aquello de la 'ley mordaza' para una «ley que fue aprobada con todas las garantías» en 2015, con el Gobierno del PP. El sindicato policial mayoritario ve con «preocupación» cambios como el que dejará de perseguir que un manifestante pueda hacer fotos o grabar imágenes de un policía y después difundirlas: «Esto implica que, tras una intervención, podría darse el caso de que los policías o guardias civiles actuantes fueran luego objeto de diferentes acciones de represalia en su vida diaria así como a sus familiares», lamenta De Blas, quien recuerda que «todas esas grabaciones son fácilmente manipulables» y apunta que ellos no tendrían inconveniente en que cada agente portase una cámara en la que grabar cada intervención.
Todos se oponen a esto, igual que a la desaparición de la presunción de veracidad que tienen hasta el momento los atestados policiales de cara a unas sanciones que, por otra parte, dejarán de ser iguales para todos, para tener en cuenta la capacidad económica de cada persona con lo que Jupol cree que «pudiera ser que alguien insolvente podrá infringir la ley con un bajo coste o nulo».
En el SUP (Sindicato Unificado de Policía) reconocen las mismas dudas sobre un articulado que se ha ido filtrando durante las últimas semanas y que abre la posibilidad de celebración «manifestaciones espontáneas» en aquellos casos en que «sea una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora», ante lo que José Robles, secretario provincial del SUP, habla del «grave riesgo» que supondría tanto para los agentes actuantes como para los ciudadanos, ya que, «al no conocer el lugar, la fecha y la hora de una manifestación, no puede establecerse el dispositivo de seguridad necesario».
En igual sentido, Robles no está de acuerdo con supresión del uso de pelotas de goma para reprender manifestaciones violentos, porque «se va a tener menor capacidad de actuación ante disturbios graves», al tiempo que recuerda que «solo se usan en escasas ocasiones».
José Manuel Martín, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), no tiene dudas de que «esta reforma va a su poner una merma de las capacidades operativas de todas las Fuerzas de Seguridad, lo que provocará una desprotección de los ciudadanos» y lamenta que «se pretenda dar una imagen de unos cuerpos policías que vulneran constantemente los derechos» y considera que «se van a permitir situaciones tan ilógicas como un infractor pueda grabar a un policía y que un policía no pueda grabar su actuación».
Por su parte, Javier Hernán, el secretario provincial de Jucil, cree que «si se reduce la eficacia policial, se reduce la seguridad» y que «si se genera empatía hacia los violentos, se pondrá fin a la libertad y a la seguridad ciudadana».
1,8 millones en multas. Esta ley viene recaudando una media de 1,8 millones en multas cada año, de los que dos tercios provienen de los denunciados por consumo o tenencia de droga en la calle, una infracción que en esta 'nueva' ley pasará de ser grave (601 euros de sanción, generalmente) a leve (100). La recaudación se disparó en 2020 hasta los 4,27 millones en Valladolid, aunque fue por todas las derivadas del control del toque de queda y el confinamiento.