España alcanzó el pasado mes de octubre la cifra de 9,7 millones de pensionistas y un nuevo récord en la factura que esto supone para las arcas del Estado: 9.710 millones de euros al mes, un 4,3 por ciento más que el año pasado. El envejecimiento de la población, especialmente en Castilla y León, ha hecho que este colectivo cada vez adquiera más protagonismo, hasta el punto de que todos los representantes políticos miden con lupa todas las medidas que puedan afectar a un grupo de población que tiene un peso decisivo en las urnas.
Esta influencia también se ha traducido en unas ayudas sociales que, en su inmensa mayoría, se han mantenido en una época caracterizada por los recortes. Con alguna excepción. Por ejemplo, en marzo del año pasado el Gobierno eliminó la ayuda de hasta 200 euros al mes para los jubilados con vivienda en propiedad que tuvieran problemas para hacer frente a los gastos de mantenimiento y suministro del hogar.
Pero no es la tónica general. Este colectivo disfruta de un importante número de ayudas que abarcan ámbitos como el sanitario, el ocio y el transporte. Y no siempre ligadas al volumen de ingresos del beneficiario. Es decir, se puede dar la circunstancia, y se da, de que un pensionista que ingrese 2.500 euros al mes tenga las mismas ayudas económicas para acceder a ciertos servicios y productos que otro que se tenga que conformar con una pensión de 800 euros.
Sirvan como ejemplo los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que permiten hacer turismo a un precio ostensiblemente más bajo que el que dicta el mercado. Entre las condiciones que pone el Ministerio de Bienestar Social para ser beneficiario están, para los residentes en España, ser pensionista de jubilación, recibir una pensión de viudedad y tener 55 o más años, ser titular o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social, con 65 años o más años de edad, ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más o ser emigrante retornado a España y pensionista del Sistema público de la Seguridad Social del país del que ha retornado.
Nada se dice del nivel de renta. Las mismas ayudas para el que ingresa 2.000 euros al mes que para que cobra 700.
A nivel regional sucede lo mismo con el programa de viajes El Club de los 60 de la Junta, donde tampoco se tiene en cuenta el nivel de renta. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades lo justifican porque «son programas de prevención de la dependencia y envejecimiento activo». Además, señalan que hay que tener en cuenta que «existe una horquillas de precios muy amplia para adaptarse a la capacidad económica» de los usuarios. Por otro lado, desde la Gerencia de Servicios Sociales inciden en que son precios «muy ajustados» porque el criterio económico es el segundo que más se valora para adjudicar estos programas a las agencias de viajes.
En la administración local también hay ejemplos. Por ejemplo, en los abonos para las piscinas. Jubilados y pensionistas empadronados en Valladolid pueden acceder a él por 15,5 euros al mes y por 38 euros los no empadronados. Los ingresos que tengan no se tienen en cuenta.
El transporte. Pero no siempre es así. Buena parte de las ayudas que perciben si que están condicionadas a la renta. En el ámbito local uno de los ejemplos más claros es el de Auvasa. La Tarjeta Pensionista permite viajar gratis en todas las líneas ordinarias, pero está reservada para los pensionistas que tengan una pensión que esté por debajo del Salario Mínimo, establecido este año en 900 euros. Un criterio diferente al que sigue Renfe, cuya tarjeta dorada se obtiene automáticamente al superar los 60 años.
Hay más ayudas que dependen del nivel de renta de los pensionistas. En el caso de la Consejería de Servicios Sociales, las prestaciones del sistema de dependencia (plaza residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, etcétera) y de otros servicios sociales, como la atención socio-sanitaria. También se tienen en cuenta los ingresos en las ayudas para pagar las residencias de ancianos y para los dependientes que siguen viviendo en su hogar.
Lo mismo sucede con la adquisición de medicamentos. El copago determina que el pensionista tiene que pagar un determinado porcentaje del mismo en función de sus ingresos. Por ejemplo, las rentas menores de 18.000 euros al año deben pagar un diez por ciento con un límite mensual de 8,23 euros, lo que estén entre 18.000 y 100.000 euros también cubren el diez por ciento, pero con un límite de 18,5 euros, y los que cobran más de 100.000 euros pagan un 60 por ciento con un límite de 61,7 euros.