El cobro de una pensión digna se ha convertido en una gran preocupación para miles de trabajadores que no paran de recibir mensajes sobre la dificultad que supondrá mantener el actual sistema de protección social, sobre todo si se tienen en cuenta factores como el descenso de cotizantes, el incremento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad en las últimas décadas. Si actualmente la cuantía recibida tras el retiro está en torno al 80 por ciento de la última nómina cobrada, ya hay muchos expertos que aseguran que ese porcentaje se reducirá ostensiblemente en el futuro hasta dejar a los jubilados con unos ingresos mensuales que representarán más o menos la mitad de lo que cobraban cuando estaban activos. Una preocupación que ha hecho que aumenten las aportaciones a planes de pensiones privados. Los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) no dejan lugar a dudas. A finales del año 2008 había 94.905 beneficiarios de estos fondos en España, y el número no ha dejado de crecer en una década hasta situarse en 372.039 a finales del año pasado.
Actualmente la pensión media de Valladolid es la séptima más alta del país, con 1.107 euros, pero existen grandes diferencias entre los beneficiarios. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en la provincia hay 3.660 pensionistas que se embolsan la cuantía máxima, que este año está fijada en 2.659 euros tras un incremento del 1,7 por ciento respecto al año pasado. Además, hay otras 612 personas cuyos ingresos están por encima de esa cifra, algo que puede suceder en casos excepcionales. Por ejemplo, mujeres que cobren un complemento de maternidad, algo que sucede cuando han tenido tres o más hijos. También cuando los trabajadores hayan decidido voluntariamente prolongar su vida laboral.
En el otro extremo se sitúan las 20.231 personas que tienen una pensión inferior a los 600 euros, aunque esto no significa que tengan esos ingresos porque, en el caso de las contributivas, el Estado complementa esas cuantías hasta llegar al mínimo exigido por la ley en cada pensión. Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, 24.735 vallisoletanos tienen pensiones tan bajas que reciben complementos de mínimos, es decir, uno de cada cinco, si bien el porcentaje en los hombres es del 14,4 por ciento y el de las mujeres se acerca al 30 por ciento.
Con todo, uno de cada tres beneficiarios cobran pensiones que oscilan entre los 600 y los 1.000 euros. Concretamente, esa es la cuantía de 44.583 pensiones de las 115.063 que tiene reconocidas el Estado en Valladolid.
Todos estos beneficiarios suponen un gasto para el Estado que está muy por encima de lo que ingresa vía cotizaciones a la Seguridad Social: 1.208 y 716 millones, respectivamente. Es decir, el Estado gasta un 68 por ciento más de lo que ingresa, una tónica que se repite a nivel nacional y que es la base de la preocupación de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por eso el Gobierno impulsó una reforma en 2013 para aumentar progresivamente la edad de jubilación de 65 a 67 años. Cada año se retrasa dos meses, hasta que en 2027 se haya completado esa transición. En este año 2019 la edad de jubilación está fijada en 65 años y ocho meses.
Es una medida que, de algún modo, trata de contrarrestar el hecho de que los pensionistas cobren la pensión durante más tiempo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida ha aumentado nueve años en Valladolid desde 1978, al pasar de 75 a 84 años. La misma tendencia que en el resto del país. Otra de las polémicas medidas que tomó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 en diciembre de 2013 fue el Índice de Revalorización de las pensiones, que desvinculó la actualización de las mismas del IPC y permitía subirlas solo un 0,25 por ciento al año.
El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, apunta una serie de datos que demuestran la dificultad de mantener el actual sistema de pensiones. «Actualmente tenemos un millón y medio más de pensionistas y un millón de trabajadores menos que antes de la crisis y la Seguridad Social tiene un déficit de 19.000 millones, unos mil euros anuales por afiliado», explica. Además, señala que «cada jubilado está recibiendo un 44 por ciento más de lo que aporta durante su vida laboral» y vaticina que «en 2050 el número de pensionistas pasará de 9,6 a 15 millones», por lo que se necesitarán, según él, 14,5 millones de empleos más para sostener las pensiones.
¿Cuál es la fórmula para poder pagarlas? De Margarida aboga por aplicar una combinación de una serie de medidas que sugiere, entre las que está aumentar la presión fiscal o reducir el gasto público. Según él, «hay que reformar el mercado laboral para tener más asalariados y atraer capital» y financiar los gastos con un incremento de impuestos. Por ejemplo, el IVA. También es partidario de aumentar el número de años para el calculo de las pensiones. «En toda Europa, excepto España y Grecia, se tiene en cuenta toda la vida laboral del trabajador», dice. Otras medidas son subir el tipo de las cotizaciones, destinar parte de ese dinero al ahorro privado e introducir las llamadas cuentas nocionales, un sistema mediante el cual el cotizante solo cobra en función de lo que ha aportado a un fondo, y teniendo en cuenta la esperanza de vida en el momento en el que se jubile.
Los sindicatos proponen quitar la base máxima de cotización y no bonificar la contratación empresarial
«El sistema de pensiones es sostenible si hay voluntad política». Así de rotundo se muestra el secretario regional de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT, Pablo Zalama. Según él, esa voluntad se tiene que traducir en tres medidas: eliminar las bonificaciones a la contratación que perciben las empresas, eliminar el límite de cotización para los sueldos que están por encima de los 3.760 euros mensuales y que los funcionarios de la Seguridad Social dejen de cobrar de la Tesorería General de la Seguridad Social y lo hagan de los Presupuestos Generales del Estado. «Con estas tres medidas conseguiríamos 18.000 millones y, teniendo en cuenta que el déficit de la Seguridad Social era de 16.500 millones en 2015, pasaríamos a estar es una situación de superávit para engordar la hucha de las pensiones». Por su parte, el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Castilla y León, Lorenzo Rubio, cree que el actual sistema «no es sostenible» tal y como está concebido, pero sí si se aplican algunos cambios. Coincide con las tres medidas propuestas por UGT y añade alguna más, como «incrementan en dos puntos las cotizaciones a la Seguridad Social, algo que serviría para recaudar unos 7.000 millones». También es partidario de que los autónomos pasen a cotizar dentro del Régimen General de la Seguridad Social y de que los Presupuestos Generales del Estado asuman el pago de las pensiones de viudedad y orfandad. «Se puede mantener el sistema de pensiones, solo hay que tener intención de hacerlo», opina.