Para desgracia de los españoles, desde que Sánchez asumió la Presidencia no se cumple la frase tan utilizada en política, Cuanto peor, mejor. Todo lo contrario: cuanto peor hace las cosas el nuevo Gobierno, peor le va a su partido e incluso a la oposición, incapaz de aprovechar los errores. Y, por supuesto, peor le va a la ciudadanía, aunque todavía disfrutan de unas semanas de respiro mientras no empiecen a producirse los primeros efectos de sus políticas. 

Este Ejecutivo no va a ser bueno para el empleo. El pasado miércoles se hacían públicas las cifras del turismo, el peor dato desde 2013. Y hay 45.000 nuevos desempleados desde que se aprobó el SMI a 900 euros. El pacto con Podemos lo fija en 1.200, que Sánchez dice que será gradual, se alcanzará en tres años, pero eso no augura nada bueno.

Las primeras decisiones de Irene Montero como responsable de Igualdad tienen una primera lectura que no es positiva para los heterosexuales, sobre todo para los hombres: los varones no tendrán acceso a ningún cargo de responsabilidad en ese Ministerio. Por otra parte, han sido nombradas para los puestos más relevantes las dos dirigentes más conocidas del mundo LGTBI. Nada que objetar, pero la palabra igualdad se interpretaba como integración de las clases más rechazadas socialmente, y a partir de ahora, las que no pertenecen a ese colectivo tendrán menos presencia. Con un añadido que causa estupefacción: la mujer recién nombrada para ocuparse de la integración social de las diferentes razas y culturas, ha dimitido para que la sustituya una diputada de Podemos guineana, de color, ya que considera que su negritud la convierte en persona más adecuada. ¿Significa eso que en Podemos no se cree que una persona de raza blanca tenga sensibilidad suficiente para luchar contra el racismo? Los extraños criterios del partido de Iglesias respecto a los asuntos sociales y de igualdad cierran puertas a más del 99 por ciento de los españoles dispuestos a trabajar por el bienestar de los demás.

Las decisiones de La Moncloa  que pueden causar más problemas a los españoles son las relacionadas con el desprestigio de las instituciones. Empezando por la Corona, a la que Sánchez y algunos ministros tratan de apartar del primer plano porque es consciente el presidente de que, en estos momentos de incertidumbre, millones de españoles miran hacia el Rey pensando que es la única persona capaz de bloquear los despropósitos que ya ha anunciado. 

Felipe VI, sin embargo, no entra en el juego de la confrontación, por prudencia, y porque conoce mejor que nadie cuáles serían los efectos desastrosos que podría acarrear la menor tentación de ir más allá de las atribuciones que recoge la Constitución. Solo el Parlamento y los jueces pueden bloquear acciones de Gobierno. Sánchez lo sabe, de ahí que haya tomado en su primera reunión del Consejo una decisión aparentemente menor: cambiar la fecha de la reunión de los ministros, que a partir de ahora será los martes en lugar de los viernes.

Las consecuencias son importantes para el control del Gabinete, tanto la sesión de control en sí misma, que tendría que celebrarse sin tiempo para formular preguntas sobre las iniciativas tomadas el día anterior, o la misma mañana, como en el caso del Senado, y también habría problemas para que los ministros pudieran acudir a las comisiones que debaten sobre los asuntos de sus departamentos. Los portavoces de la oposición ya han presentado propuestas para cambiar las agendas, pero hasta el momento las jefas de las dos Cámaras no encuentran razones suficientes para hacerlo.

Sin embargo, el campo que se verá más afectado es el de la Justicia, y ahí ha aparecido lo peor de cada casa. El Gobierno ha provocado una indignación generalizada al proponer para la Fiscalía General del Estado a la exministra de Justicia, cuya falta de idoneidad ha sido suficientemente debatido estos últimos días y asumida por el propio Consejo General del Poder Judicial, que ha dado luz verde a su designación por un estrechísimo margen gracias a los vocales nombrados por Ferraz, pero el escándalo no ha terminado. Con consecuencias nefastas si el Parlamento acepta: cualquier decisión de la Fiscalía estará viciada de antemano. Si favorece al Ejecutivo, porque se acusará al equipo de Sánchez de utilizar a la Fiscalía a conveniencia; si es perjudicial para él, porque se tomará como un intento de Delgado de lavar su imagen y los afectados acusarán a Sánchez de perjudicarlos por su empeño en colocar en este órgano al menos adecuado.

La esperanza de Ternera 

Es tan grave el asunto que se ha publicado que Josu Ternera quiere regresar a España porque piensa que hay elementos suficientes como para sospechar que la Justicia va a ser más dadivosa con él de lo que creía. Los pactos de Sánchez con el PNV y con EH Bildu, y las presiones del Ejecutivo al Judicial, le hacen creer que se dan mejores condiciones para cumplir condena e incluso podría acceder a la libertad en poco tiempo. No faltará mucho para que se asiente en España la idea de que los malos   -independentistas condenados, terroristas y exterroristas- saldrán beneficiados con el actual Gobierno a pesar de la tan mencionada separación de poderes ante la que Pedro Sánchez ha actuado con tanta indiferencia.

Ante todas estas cuestiones que causan lógica inquietud, los tres partidos más relevantes de la oposición no acaban de acertar. Pablo Casado está excesivamente callado cuando es el momento de potenciarse como líder de la misma con un mensaje firme, claro, contundente... y sin tremendismo, que no es la fórmula más adecuada durante crisis como las que se están viviendo. Ciudadanos sufre algunos vaivenes internos, no relevantes. Los propios de un partido que acaba de sufrir una derrota electoral y la pérdida de su líder de referencia, y elige dentro de dos meses a un nuevo presidente. Presidenta, si no se tuercen las cosas. En cuanto a Vox, no se entiende que sus máximos dirigentes no actúen con un mínimo de prudencia.

El viaje de Santiago Abascal para ofrecer una rueda de prensa en Estrasburgo aprovechando el Pleno del Parlamento Europeo (PE) ha sido un absoluto disparate, y no augura nada bueno para quienes quieren lo mejor para este país. Su demoledora intervención contra el presidente de la Eurocámara, el socialista italiano Sassoli, más las descalificaciones a la Justicia europea, han sido un balón de oxígeno para Carles y Puigdemont, que tras la intervención del líder de Vox, incrementa sus esperanzas de que el PE y la comisión correspondiente no acepten el levantamiento de su inmunidad, ya que las palabras fueron tan hirientes que dan pie al argumento del expresidente catalán y sus abogados, que alegan que el exjefe de la Generalitat sufre una persecución política y en España se castiga la libertad de pensamiento.

No son buenos momentos para este país. Un Gobierno desaforado por cambiar las estructuras del Estado arremetiendo contra lo que tanto costó construir durante los años de la Transición, y una oposición en el que la falta de experiencia y de sentido de Estado ahuyenta la esperanza de que este PP, más Vox y Ciudadanos sepan plantar cara a un Pedro Sánchez dispuesto a todo con tal de completar la legislatura.