La Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, la conocida como ‘Ley Mordaza’, transita por su cuarto año de aplicación con un montante global en Valladolid que ya supera las nueve mil sanciones y los cinco millones de euros (en caja), a la espera de lo que sume este 2019. Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, relativos a denuncias interpuestas en 2018, hablan de un ligero descenso del tres por ciento con respecto a lo que se registró en 2017. Son 105 multas menos en un año, pasando de 3.241 a 3.136, lo que deja una caída en la recaudación que, en cambio, es algo inferior (1,16%), ya que se ingresaron cerca de 22.000 euros menos. Eso sí, se continúa en la franja de esos 1,8 millones de euros, que supone un 60% más que en 2016 (1,1 millones), que fue el primer año completo de aplicación de la reformada normativa.

Esta ley se fundamenta en el concepto de seguridad ciudadana como «requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo», reza el propio texto, que añade que «tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes, así como al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos». Para ello, se prevén sanciones de hasta 600.000 euros: de 30.001 a 600.000, las muy graves; de 601 a 30.000, las graves; y de 100 a 600 euros, las leves.

La conducta más castigada es la relativa a la tenencia de drogas en la vía pública, detectada tanto en intervenciones rutinarias como en los casos en que los denunciados están consumiendo en la calle. De las 3.136 multas interpuestas en 2018 en Valladolid, 1.968 llegan por ese artículo 36.16 que persigue ese tipo de comportamientos y que la Ley 4/2015 lo considera infracción grave.

El grueso de multas que viene estableciendo la Subdelegación del Gobierno -entidad competente en la materia- se sitúa en los 601 euros, cantidad que crece en los casos en que se aprecia «reincidencia», tal como explican fuentes de Interior, aunque esos datos no constan en las estadísticas desagregados.

Igual que ocurre con el total de denuncias por esta Ley, en este concepto se registra un descenso leve (144) de las denuncias, con una recaudación muy similar, por encima de los 1,3 millones. En toda España fueron casi 116 millones los recaudados el último año, de los que algo más de seis proceden de Castilla y León. En la región, donde más se ingresa por esta vía es precisamente en la provincia vallisoletana, aunque los datos dicen que se puso alguna sanción más en Salamanca (2.009 y 1,2 millones de recaudación); a continuación aparecen los 1.298 (y 888.908 euros) de Burgos y los 987 (603.049) de Segovia.

Sorprende, en cambio, el hecho de que las multas por cultivo de droga (marihuana, generalmente) son prácticamente inexistentes en Valladolid (en todo 2018 una, con una sanción de 601 euros, también; en 2017, cinco multas; y en 2016, una), mientras que existen otras provincias como Burgos en que se llegaron a imponer 24 el último año, situación que se explica en el hecho de que «los casos suelen ir a la vía penal, al entender que estaba preordenado al tráfico de drogas», detallan estas mismas fuentes. Desde la puesta en marcha de la Ley 4/2015 se han recaudado por esta vía 3,6 millones en Valladolid.

Tras la denuncia por tenencia de drogas en la calle (suponen tres de cada cuatro), el concepto que más casos origina es llevar armas por la calle, navajas sobre todo, y que son actitudes que se castigan igual que portar estupefacientes: 601 euros. Y tampoco se pueden llevar en el coche.

En 2018 se impusieron 408 por infringir el artículo 36.10, con una recaudación de 254.650 euros, algo que, en este caso, es ligeramente superior a lo registrado en 2017 (331 y 208.475 euros). Desde que está en vigor la norma, son más de mil las sanciones y 700.000 euros en caja por tenencia de armas.

A continuación ya aparecen los artículos más polémicos de esta normativa y que le valieron aquel apodo de ‘Ley Mordaza’, ya que se otorgaba más poder a los agentes de Policía y Guardia Civil a la hora de sancionar ciertas actitudes de desobediencia o faltas de respeto durante sus intervenciones en la calle, sin que se llegase a incurrir en un delito.

674.000 euros. Ahí aparecen las más de medio millar de denuncias (553) por alguno de esos conceptos anotadas el pasado 2018, que son 76 menos que en 2017 y 31 menos que en 2016, el primero de aplicación plena de la normativa, lo que se traduce en un montante de casi dos mil sanciones en estos cuatro años, con una recaudación de 674.000 euros, según los datos recabados por El Día de Valladolid. De ellos, 172.000 se corresponden con este último año en el que se multó a 306 personas en la provincia por faltar al respeto a un agente y a 247 por una desobediencia o resistencia a la autoridad, en unos datos que se mantienen estables a lo largo de los cuatro años. De media, cada falta de respeto sale por unos 200 euros (leve), mientras que la resistencia o desobediencia se van por encima de los 600 (grave)

En esta línea, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid también interpuso 26 denuncias (16.224 euros recaudados) por el artículo 36.03 (desórdenes públicos) y otras tantas por ocupación de viviendas, que se suelen multar con la sanción mínima: 100 euros.