Castilla y León registró un superávit en sus cuentas de 231 millones de euros hasta el mes de septiembre, lo que contrasta con los 505 millones de déficit que se anotó en el mismo periodo del pasado año. Estos números positivos suponen el 0,44 por ciento del PIB de la Comunidad, frente al déficit del 0,85 por ciento, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Hacienda.
En ese sentido, la Comunidad arroja en el noveno mes del año un superávit del 0,44 por ciento del PIB, frente al 0,23 por ciento de media de las autonomías, puesto que registraron un superávit de 2.597 millones. Hacienda indicó que esto se debe a las “varias medidas” adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos necesarios a las comunidades, con el fin de atender los gastos derivados de la emergencia provocada por el COVID-19.
Todas las comunidades autónomas (salvo Navarra y País Vasco) registraron hasta septiembre un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, el resto, es decir un total de 12 autonomías, logran situarse en superávit.
Los ingresos crecieron hasta septiembre un nuevo por ciento para las comunidades. En esta evolución Hacienda remarcó el aumento de los ingresos impositivos un 7,3 por ciento, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que subieron un 18,7 por ciento fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras administraciones públicas en un 14 por ciento por los mayores recursos recibidos del Estado.
Asimismo, recordó que se hizo una actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril. Los Impuestos sobre la producción y las importaciones retrocedieron un 24,5 por ciento, destacando el descenso del 23,8 por ciento de Transmisiones y Actos Jurídicos.
Dentro del gasto no financiero, que aumentó un 4,2 por ciento, los consumos intermedios crecieron un nueve por ciento, debido al mayor gasto sanitario, “fuertemente condicionado” por la pandemia.
La remuneración de asalariados se elevó un 5,5 por ciento por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID-19 hasta septiembre. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecieron un 2,6 por ciento, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia.
Las subvenciones se elevaron un 12 por ciento y las prestaciones sociales un 5,4 por ciento. Entre los gastos que descienden figuran las transferencias entre administraciones, que caen en un 2,6 por ciento, así como los intereses y la inversión, que disminuyen en un 14,8 por ciento y en un 3,1 por ciento, respectivamente.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda indicó que el déficit se situó hasta octubre en el 5,22 por ciento del PIB, en términos de contabilidad nacional. Asimismo, publica el déficit consolidado de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de septiembre alcanzó el 6,82 por ciento del PIB, excluyendo la ayuda financiera.