Con retraso frente al compromiso inicial, pero en breve el Ayuntamiento convocará la Ponencia técnica para dotarse de su primer Código Ético, tal como se fijó por unanimidad en la revisión del Reglamento Orgánico municipal, que entró en vigor en noviembre de 2019. Este código de conducta fijará las principales obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los cargos electos de la Corporación, pero no está claro si determinará las consecuencias derivadas del incumplimiento de los compromisos que  se recojan en el texto. De hecho, el Ayuntamiento se adhirió en mayo de 2015 al código de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), donde se fija un decálogo de principios, pero no se establecen sanciones para incumplimientos.

Estos códigos, que gradualmente se van aprobando en los consistorios, no solo surgen como respuesta a la corrupción, sino que pretenden favorecer la transparencia en la gestión y ««crear» confianza entre los políticos y los ciudadanos. Al menos, esa es la esencia del de la FEMP, que será la base para elaborar el de Valladolid, según reconoce el portavoz socialista, Pedro Herrero, que detalla que también se fijarán en los de otros ayuntamientos. «La Ponencia se convocará en breve», apunta; tal como se comprometió el alcalde en el Pleno de este mes tras la petición del Grupo Municipal del PP. «Empezaremos a trabajar en la redacción, pero se partirá del modelo de la FEMP», explica. Un código que debería consensuarse con todos los grupos, como ocurrió con el de referencia, pero que dado el ambiente que existe actualmente en el Consistorio vallisoletano no parece fácil de conseguir. «El PP tiene mucha prisa, pero luego hay que cumplirlo y aplicarlo. Y entonces habrá que ver la voluntad».

Por su parte, el concejal ‘popular’ José Antonio de Santiago-Juárez, reitera el «incumplimiento» del Reglamento Orgánico por el retraso en la elaboración del código, que entiende se podría aplicar en el caso de su denuncia sobre las vacaciones del alcalde con un empresario beneficiado con un contrato municipal. «Es un código de comportamiento interno y externo, que marca pautas como la no aceptación de regalos», detalla. Algo que recalca ya está sancionado por la Ley de Transparencia. De hecho, esta ley fija amonestaciones para las sanciones leves, entre las que se encuentra el «descuido o negligencia». Para las graves, como sería no guardar el sigilo de los asuntos conocidos por razón del cargo, se fija la declaración del incumplimiento y su publicación en el BOE y la no percepción de la indemnización por el caso de cese en el cargo. Y en las más graves, los afectados serán destituidos y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto en un periodo de entre cinco y diez años.

En el caso de Valladolid no se ha fijado una postura previa, aunque De Santiago-Juárez sí que apuesta por las sanciones para evitar comportamientos que generan «déficit democrático». Y remite al de la Junta, en cuya elaboración participó. Aunque en este deja en manos de la Comisión de Secretarios Generales el seguimiento y en las de la Intervención General, a través de sus intervenciones, la verificación del cumplimiento. En el caso del Congreso y el Senado, donde el año pasado se aprobó, sí que fija un procedimiento para dilucidar las infracciones.

Martín Fernández Antolín, portavoz de Ciudadanos, asegura que su grupo ya está trabajando en las propuestas que llevará a la Ponencia. «Siempre apostamos por la transparencia», reitera. Y apoya la puesta en marcha del Código Ético para responder a una demanda social. «En estos últimos meses ha habido comportamientos, como el de las vacunaciones fuera de tiempo, que hacen que la sociedad exija a los políticos normas de conducta ejemplares». También defiende que se fijen sanciones porque entiende que si no hay un ámbito punitivo se quedaría en una carta de intenciones».

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), María Sánchez, apunta que su grupo se fijará y compará los de otros ayuntamientos que les parezcan razonables, pero sobre todo se fijarán en el de la propia formación. «Nos parece adecuado porque es muy cercano a Valladolid y dicta conductas de los cargos».

La hoja de ruta que marca la Federación de Municipios y Provincias

 El Ayuntamiento de Valladolid está adherido al Código de Buen Gobierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se aprobó inicialmente en 2009 y que se adaptó al actual marco normativo en 2015.

El Código tiene una estructura sencilla, que apunta las líneas estratégicas para la adecuada gestión pública local desde la consideración del buen gobierno, sentando las bases para el desarrollo posterior de cada una de ellas.  Y nació como respuesta a los casos de mala gestión y corrupción, transfuguismo, falta de transparencia, connivencia con intereses privados y ausencia de cauces para el control de la oposición, que «degradan y perjudican a la democracia y dañan la credibilidad de políticos e instituciones», como apunta el documento.

El texto, aprobado por unanimidad de todos los partidos, recoge los principios de transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local. Y se propone como apelación al ejercicio de las funciones de los electos locales con sentido de la responsabilidad, voluntad de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas. 

En él se recoge un decálogo de principios que van desde el respeto al ordenamiento jurídico y el compromiso con la ética pública y la calidad democrática, hasta la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano. Se propone fomentar la transparencia y la democracia participativa, trabajar por la inclusión social y el equilibrio territorial en los municipios. Del mismo modo, asume el código de conducta política en relación con el transfuguismo. Además, incluye el compromiso de no aceptar regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía por parte de entidades y personas. 

Este código se considera una herramienta para la introducción formal de la ética en el ámbito local y la adhesión al mismo es  un  indicador solicitado en números índices de valoración del grado de transparencia. De hecho, una gran mayoría de ayuntamientos se han adherido a este código, donde se propone una nueva forma de gobernar desde la cercanía, apostando por unos gobierno locales modernos y eficaces, y considerando el ámbito local como espacio estratégico de la acción política, el futuro de la democracia y el desarrollo de los derechos de ciudadanía. 

OTROS CÓDIGOS ÉTICOS

Ayuntamiento de Barcelona

Un reglamento pionero con sanciones e inhabilitaciones 

La capital catalana aprobó en junio de 2017  su Código ético y de conducta, de obligado cumplimiento para 480 miembros de la corporación municipal, entre cargos electos, personal eventual, directores y gerentes municipales. En el caso de esta norma la polémica se centró en la posibilidad de que las personas afectadas por este código se abstengan «de nombrar personal con el que pueda haber conflictos de interés familiar». El Código de Barcelona contempla sanciones efectivas y fue pionero, junto con el de Bilbao, al prever la constitución de un comité independiente, elegido por mayoría del plenario municipal, que velará por su cumplimiento. El texto fija, en función de la infracción, desde la sanción leve hasta la inhabilitación del cargo.

Ayuntamiento de Bilbao

Una comisión para evaluar el cumplimiento de la norma

El Ayuntamiento de Bilbao aprobó en noviembre de 2015 su código ético,  que en mayo de 2017 fue objeto de modificación para introducir una serie de propuestas de mejora realizadas por la Comisión de Ética y Buen Gobierno. El texto determina los principios y estándares de conducta a seguir por los representantes políticos, por titulares de órganos directivos municipales, así como por titulares de contratos de alta dirección para los entes instrumentales municipales. Y la creación de la Comisión de Ética y Buen Gobierno, que representa el marco de consulta, seguimiento, evaluación y control del mismo. La adhesión implica el deber y la obligación plena de mantener conductas y comportamientos acordes con el contenido expreso, la intención y el espíritu de los principios y conductas establecidos en el mismo.

Ayuntamiento de Vitoria

Una guía para tomar decisiones razonables y argumentadas

El Ayuntamiento de Vitoria fue de los pioneros en la aprobación de unas normas éticas. En concreto, en octubre de 2013 aprobó su código de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso por la calidad institucional, que luego revisó en 2018. Este texto no contempla sanciones para los concejales por su incumplimiento porque «ni juzga ni sanciona, sino que sirve de guía para actuar y tomar decisiones cuando surjan conflictos éticos en el trabajo municipal». Pero sí obliga a  tomar «decisiones razonables, prudentes y argumentadas, teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en un conflicto de valores, y ponderando aquellos que son más importantes para la organización». Entre las limitaciones está la prohibición de recibir regalos y evitar tratos de favor.