Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se han convertido en una herramienta fundamental para evitar el cierre de muchas empresas y el despido de miles de trabajadores. Pero también son una oportunidad para dar rienda suelta a malas prácticas empresariales. Consciente de ello, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado una campaña para detectar posibles actuaciones fraudulentas, tanto en los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, como los de fuerza mayor.
Según los datos aportados por la propia Inspección, hay programadas 274 actuaciones en empresas de Valladolid, 271 de las cuales están en trámite, ya que es un proceso que puede durar semanas, y tres finalizadas, si bien desde el organismo se rehusó dar detalles sobre el resultado de las mismas.
Esto no significa que existan indicios de que estas empresas hayan cometido una irregularidad, sino que se trata de una «actuación programada» que se lleva a cabo en toda España dentro de una campaña que se inició en el mes de mayo.
El trabajo de este organismo comienza con la planificación de la propia visita. Una vez allí, se comprueban determinados documentos y se consultan sus bases de datos antes de la emisión de informes y, si procede, elaboración de actas de infracción o liquidación, en los casos más graves.
Desde la Inspección explican que el fraude más habitual consiste en que la empresa tenga a empleados activos, pese a que legalmente estén inmersos en un ERTE. Es decir, que se siga beneficiando de su trabajo pese a que el salario lo pague el Estado y, en algunas ocasiones, incluso las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero hay más. Por ejemplo, en los que se alegan causas económicas es necesario la consulta previa con los sindicatos. Todos los que se apliquen de forma unilateral son ilegales. Otra de las estafas es incluir dentro del ERTE a personas que no forman parte de la empresa para percibir la prestación por desempleo. Las sanciones pueden ir desde los 6.250 hasta 187.50 euros y pueden llegar a suponer hasta seis años de cárcel para los responsables en los casos más graves.
Pero esta línea de actuación no es la única que está llevando a cabo la Inspección en unas semanas de mucha actividad para este organismo. Por ejemplo, en Valladolid ha emitido 1.084 sobre ERTE de fuerza mayor y otros 52 por causas económicas. Todos ellos solicitados por la Junta de Castilla y León.
Evitar contagios. La Inspección también tiene la misión en estos días de verificar que en los centros de trabajo se cumplen las condiciones adecuadas para evitar posibles contagios de la covid-19. Una cuestión que generó muchas quejas de los sindicatos al principio de la pandemia en determinados sectores, como el de los teleoperadores. Pues bien, la Inspección ha requerido a 120 empresas locales que cambien sus condiciones de trabajo en este sentido para no ser sancionadas, y hay otras diez actuaciones que aún están en trámite, según los datos aportados por el organismo.
Las relaciones laborales también han generado algunas actuaciones de la Inspección en Valladolid. Por ejemplo, las recogidas en el RDL 10/2020 sobre el permiso retribuido recuperable. Se trata de un real decreto-ley aprobado en los primeros días del estado de alarma para limitar al máximo la movilidad por cuestiones de trabajo. Así, la norma establecía que los trabajadores por cuenta ajena que no realizasen servicios esenciales tenía derecho a un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Es decir, estaban obligados a parar esos días sin perder salario ni complementos, pero tendrían que devolver esas horas cuando dejase de estar vigente el estado de alarma. Pues bien, la aplicación de esta normativa generó 30 denuncias de los trabajadores y otras tantas actuaciones de la Inspección.
Desde que el Gobierno aprobase la posibilidad de solicitar ERTE por causas de fuerza mayor, cuya tramitación es mucho más sencilla que los tradicionales, miles de empresas de Castilla y León se acogieron a esta fórmula para soportar la falta de ingresos. En Valladolid han sido más de 7.500, según los datos de la Consejería de Economía y Empleo, con más de 37.000 empleados potencialmente afectados. En Castilla y León la cifra se eleva a unas 40.000 empresas y unos 200.000 trabajadores.