Castilla y León se situó en el primer trimestre del año como la segunda autonomía con la tasa más baja de disoluciones matrimoniales solo por detrás de Madrid. En concreto y según los datos difundidos hoy por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), si se pone en relación las demandas de disolución matrimonial presentadas en el trimestre con la población a 1 de enero de 2021 por autonomías, se observa que las tasas más bajas se dieron en Madrid, con 4,3; Castilla y León, con 4,4; y País Vasco, con 4,7 por cada 10.000 habitantes

El mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en Canarias, con 6,4; la Comunidad Valenciana, con 6,3; Cantabria y Murcia, con 6; Islas Baleares y Cataluña, con 5,8; y Andalucía, con 5,7. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 5,4.

En concreto, un análisis de los distintos tipos de demanda de disolución matrimonial presentados ante los órganos judiciales de la Comunidad, revela que Castilla y León contabilizó 15 separaciones no consensuadas durante el primer trimestre del año, lo que supone un 87,5 por ciento más que en 2020, cuando en el conjunto nacional sumaron 304 y mermaron un 14,4 por ciento. En cuanto a las separaciones consensuadas sumaron 24, un 33,3 por ciento menos que el año anterior, mientras que en el conjunto nacional se produjeron, 723, con un aumento del 9,5 por ciento.

Los divorcios no consensuados llegaron a 384 y bajaron un 9,6 por ciento, mientras que se produjeron 9.290 en España, con un descenso del 20,4 por ciento. Los divorcios consensuados sumaron 650 en la Comunidad, un 5,7 por ciento más que en los mismos meses del ejercicio precedente, y alcanzaron los 15.048 en el conjunto de las autonomías, con un avance del 9,9 por ciento.

Por lo que respecta a las nulidades, solo se produjo una en la Comunidad, durante el primer trimestre del año, y 22 en España, cuando en 2020, no se contabilizó ninguna en Castilla y León, y 23 en el conjunto nacional.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, aumentaron un 3,1 por ciento en la Comunidad, y un 21,4 por ciento en el conjunto de las autonomías, con 135 y 3.496, respectivamente, en cifras absolutas.

Por lo que se refiere a la modificación de medidas no consensuadas, alcanzaron en Castilla y León en los tres primeros meses del año, las 427 y en España, las 8.439, con crecimientos del 36 y el 7,4 por ciento, en cada caso.

Por último, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, sumaron en la Comunidad, 212, que representan un incremento respecto a 2020, del 34,2 por ciento; un dato que para el conjunto nacional alcanza las 6.456 con una subida del 34,2 por ciento.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas fueron 257, un 22,4 por ciento más que en 2020; cuando en el conjunto autonómico crecieron un 11,5 por ciento, hasta las 7.006.