Las Cortes instaron hoy a la Junta, con los votos de PP, Ciudadanos, Vox y Por Ávila y la abstención de PSOE, Podemos y UPL, a dirigirse al Gobierno para que mantenga el actual estatus legal del lobo al norte del río Duero y que renuncie a tramitar cualquier cambio o modificación normativa que pretenda incluir estas poblaciones en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial al considerar que ahora se garantiza la sostenibilidad de la especie y los intereses del mundo rural y la ganadería.

El ‘popular’ Óscar Reguera explicó que más del 60 por ciento de las poblaciones del lobo de España se encuentran en Castilla y León, donde “más y mejor”, dijo en declaraciones recogidas por Ical, se ha recuperado la especie en los últimos decenios. Esto, añadió, ha provocado un aumento de los daños a la ganadería, especialmente, al sur del Duero, donde recalcó se producen el 85 por ciento de los ataques, pese a que viven solo un 15 por ciento de las manadas.

En su opinión, más protección al sur del Duero, supone más daños a la cabaña ganadera, frente al norte donde el lobo es cazable. Por ello, rechazó que el Gobierno introduzca un cambio radical, a instancias de una organización medioambiental, a partir de un dictamen que rechazó sea científico. Además, recordó que Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria se oponen al apostar por el actual método de distribución, frente a una mayor protección.

El ‘popular’ aseguró que habría que mantener al norte el actual estatus y extenderlo a las poblaciones al sur del Duero, permitiendo la caza como una herramienta más de las técnicas de control y gestión. Sin embargo, ahora, con más lobos que en 2005, lamentó que se pretenda prohibir la actividad cinegética y señaló que es el ganadero el que merece protección, porque arriesga patrimonio y sufre pérdidas de patrimonio. “La víctima verdadera es el ganadera”, dijo a los que tienen una visión “progre” y de Disney.

Además, rechazó que los socialistas se pongan “de perfil” y hagan “servilismo” del Gobierno central. También indicó que existe un “contubernio” y “amaño” en la modificación, ante la presión de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) para que denunciara a la Junta. Insistió en que es una “confabulación” del Gobierno socialista y comunista, con el “ecologismo radical”, a partir de la “excusa del lobo”, por parte de una ministra como Teresa Ribera que rechaza la caza.

La socialista María Rodríguez consideró que es una “irresponsabilidad” que la Junta y el PP alimente la conflictividad entre el medio ambiente y la ganadería. Aseguró que la iniciativa “populista” solo buscan “encender la mecha” y recordó que las medidas de la Junta no han logrado ni conservar la especie, ni evitar los ataques. Además, señaló que el Gobierno no cierra la puerta a los controles, pero por parte de los agentes medioambientales, ya que a su juicio la “escopeta” no favorece la convivencia con la ganadería, como recordó ha manifestado Europa.

En nombre de Ciudadanos, Francisco Javier Panizo recordó que el lobo ya dispone de protección al sur del Duero, pero señaló que ahora el Gobierno quiere llevar esta medida al norte, donde a su juicio la especie no está en peligro. Además, indicó que fueron las manadas de estas zonas las que evitaron su desaparición y pidió tener en cuenta la opinión de los ganaderos, que recordó mantienen el medio rural. También planteó exportar la “exitosa” experiencia de convivencia en la Comunidad, a través del mastín leonés o el burro zamorano-leonés.

El parlamentario ‘leonesista’ Luis Mariano Santos defendió que el lobo siga siendo especie cinegética al norte del Duero y rechazó la búsqueda de “posicionamientos ideológicos”, a través de una iniciativa que consideró es una “mera declaración de intereses”, debido a la influencia de la normativa europea. Además, recordó que ningún colectivo está contento con las medidas de la Comunidad, tanto por el incumplimiento de los cupos, como por las ayudas para paliar los efectos de los daños. Por ello, apostó por la sostenibilidad del lobo y por compatibilizar su conservación y la actividad ganadera.

Finalmente, el procurador de Vox Jesús García-Conde apoyó la iniciativa y señaló que la decisión del Gobierno es una medida “perjudicial” para mantener el equilibrio del ecosistema y para los intereses de la ganadería, pues aseguró que las pérdidas que provocan no se recuperan con las ayudas de la Administración.