Por las líneas generales conocidas de la próxima ley de vivienda, la primera de la democracia, que ya está bien, podría afirmarse que se trata de una norma que a efectos económicos, sociales y políticos beneficia a casi todo el mundo. Incluso a quienes ya han anunciado que no la aplicarán en aquellos lugares donde tienen la potestad de hacerlo.   

En principio se trata de conseguir que los alquileres no suban de forma desmedida, para que los jóvenes puedan acceder a una primera vivienda y emanciparse y que los pequeños propietarios que cuenten con incentivos fiscales, mientras que ayuntamientos y comunidades autónomas que quieran impulsar sus normas sobre las viviendas vacías o la construcción de otras de protección oficial para venta o alquiler contarán con un paraguas de carácter nacional.  

Desde el punto de vista político, el PSOE ha logrado que el caramelo fiscal para los pequeños arrendadores, que son los propietarios del 85% del parque de alquiler de viviendas, salga adelante, de tal forma que lo que dejen de ganar por la bajada del alquiler se compensa por la bonificación fiscal, siempre que declaren esos ingresos a Hacienda, porque si se trata de economía sumergida no hay ley que valga. Unidas Podemos ha conseguido que se ponga el foco en los grandes tenedores de viviendas que cuentan con las mismas simpatías que las empresas eléctricas –fondos buitres que se han visto beneficiados en otras ocasiones con operaciones especulativas, y Socimis- y que verían controlados los precios del alquiler en ‘zonas tensionadas, aún por definir y que afectaría a 150.000 viviendas. Y el Gobierno en su conjunto podrá aprobar los PGE que contienen las ayudas europeas y las medidas para impulsar la recuperación económica tras la pandemia, y a Pedro Sánchez permanecer en La Moncloa.    

Los partidos políticos que se oponen a la norma tendrán más munición para mantener su afirmación de que el de España es el Gobierno más radical e intervencionista de la historia, que se dedica a atacar la propiedad privada, aunque quizá debieran tener en cuenta que hay más jóvenes – y no tan jóvenes- en busca de vivienda que grandes propietarios e inversores cuyos votos ya tiene garantizados, porque el dinero es conservador por naturaleza.  

Cuestión distinta es si la ley va a ser eficaz, va a servir para su propósito o en un primer momento influirá en un retraimiento de la oferta y hará más difícil el acceso a la vivienda, además de provocar un nuevo embrollo normativo y una nueva ruptura de la unidad de mercado por cuanto el líder del PP, Pablo Casado, ha ordenado a ayuntamientos y comunidades autónomas donde gobierna que no apliquen aquellos aspectos normativos, que son casi todos, que entran en sus competencias, además de anunciar el recurso ante el Tribunal Constitucional de la futura ley, algo que también se da por añadidura. La ley, por tanto, no se aplicará en la mitad de España.

Por supuesto queda mucha letra pequeña por ser conocida y mucha literatura sobre la eficacia de la ley y mucho debate y pedagogía sobre los beneficiarios y perjudicados por la nueva política de vivienda, que fuera del texto legal y de forma complementaria establece el ‘bono vivienda’ para el alquiler de 250 euros mensuales destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que es una reposición casi mimética en cuantía y condiciones del “cheque vivienda” que estableció Rodríguez Zapatero y que se cargó Mariano Rajoy nada más llegar a La Moncloa.