Castilla y León cumplió durante 2018 con la regla de gasto, el objetivo de estabilidad y el de deuda impuestos desde el Ministerio de Hacienda, una situación que por primera vez en varios años abre la puerta a la recuperación de la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios autonómicos. Tres requisitos, en especial el de la regla de gasto que es de obligado cumplimiento para la recuperación de este derecho, que dejan en manos del futuro gobierno autonómico -varias formaciones lo llevan en su programa- la recuperación de un derecho laboral reclamado hasta la saciedad por los sindicatos durante los últimos años. De hecho, varias organizaciones sindicales de función pública exigieron a la Junta que recupere las 35 horas para sus empleados, ya que la Ley de Presupuestos que vinculaba la recuperación de ese derecho al cumplimiento del objetivo de déficit, la deuda pública y cumplir la regla de gasto, informa Ical.
La UGT exigió la implantación inmediata de los calendarios laborales existentes «antes de los recortes de derechos laborales» y urgió a la apertura «inmediata» de negociaciones de la carrera profesional en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, tal como fija la ley de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En este contexto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León reclamó las 35 horas tras conocer el informe del gobierno y pidió además que se aplique desde el 1 de septiembre de 2019 «el horario lectivo anterior al año 2012, con 23 horas para los maestros de primaria y 17 horas lectivas para secundaria». El presidente autonómico de la Csif en Castilla y León, Carlos Hernando, afirmó que la Junta «ya se ha quedado sin margen de excusas, y que simplemente tiene que cumplir lo prometido y hacer efectiva de manera inmediata las 35 horas semanales, sin retrasarlo más, poniendo en marcha unos calendarios que están listos». Desde Csif destacaron que no se puede permitir una negociación «en plena campaña electoral».
7.801 millones
El informe sobre grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria precisa que Castilla y León cerró el año pasado con un gasto computable de 7.801 millones, lo que supone un descenso del 1,9% respecto al dato de 2017, cuando la tasa de variación objetivo era el 2,4%. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, siempre confió en que la Junta cumpliría con la regla de gasto porque «ha hecho un buen trabajo» tanto con los objetivos fiscales como con la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.
Cabe destacar que el gasto computable del ejercicio 2018 para el subsector de las comunidades autónomas fue superior en 2.962 millones al del año 2017, lo que implica una tasa de variación del 2% con relación al año anterior. Por tanto, el conjunto de este subsector cumple el objetivo fijado para la regla de gasto. La Junta también cumplió con el objetivo de déficit en 2018 marcado por el Gobierno, ya que cerró el ejercicio con una desviación del 0,23% -135 millones-, cuando estaba fijado en un máximo del 0,4 por ciento del PIB.
En cuanto al límite de deuda pública, el informe indica que Castilla y León, cerró el ejercicio con 12.360 millones de euros, el 21 por ciento del PIB, el mismo porcentaje que estaba marcado como objetivo para el ejercicio.