Unanimidad entre los grupos de las Cortes para impulsar una nueva ley de Transparencia para dar un «paso más» en el «derecho a saber» de los ciudadanos. Una postura que entronca con la mostrada por el Procurador delComún, Tomás Quintana, que ayer reconoció que existen «luces y sombras» en la implantación de la publicidad activa y acceso a la información recogida en la ley de Transparencia, ante lo que pidió a los grupos dar un «paso más» con una nueva normativa.En este punto, Quinta reclamó a las formaciones políticas de las Cortes que la nueva normativa contemple la posibilidad de imponer multas coercitivas a las administraciones públicas que incumplen con el «derecho a saber de los ciudadanos». Unas declaraciones que se escucharon durante la presentación de la memoria anual del Comisionado de Transparencia en las Cortes, donde todos los grupos respaldaron el trabajo de Tomás Quintana y recogieron su queja de que la institución no cuente con los medios materiales ni con los instrumentos jurídicos, de ahí la necesidad de una nueva ley, para que su labor sea más eficaz.
Desde un «ánimo constructivo», Quintana citó la inexistencia en la norma de un régimen sancionador para los posibles incumplimientos, lo que dificulta su actuación por lo que apostó por una reflexión sobre la conveniencia de que su institución pueda imponer multas coercitivas ante la falta de cumplimiento voluntario de las resoluciones. Precisamente, la Consejería de Transparencia ha iniciado la elaboración de una nueva ley, en la que contempla lo apuntado por el comisionado. De la memoria de 2018, destacó el incremento de reclamaciones hasta las 314, lo que es 112 más que en 2017, y la adopción de 225 resoluciones, de ellas 94 estimatorias y 51 en las que desapareció el objeto al recibir la información de la Administración. Además, apuntó que este año llevan 255 reclamaciones y 155 resoluciones.
La viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, estimó que la ley de 2015 nació con «carencias» y se perdió una «oportunidad», al tiempo que citó la falta de recursos como «obstáculo» para cumplir con «más eficacia» el cometido asignado al comisionado. Barcones, que lamentó la «falta de voluntad» del PP para dotar de más medios a la institución, avisó que «si antes de finalizar el año la Junta no registra la ley, será el Grupo Socialista quien presente una proposición de ley».
En nombre del Grupo Popular, Jesús Ángel Peregrina defendió el Portal de Gobierno Abierto de la Junta por «su fácil manejo» y accesibilidad, a la vez que apoyó que pueda existir como «medida de presión» un mecanismo coercitivo, si bien confió en que las administraciones cumplan y no se tenga que aplicar. Juan Pablo Izquierdo (Cs) recordó que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, trabaja en una nueva ley de Transparencia para garantizar el derecho legal y efectivo a la información pública y para eliminar áreas «opacas». Por último, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, calificó de «llamada de atención» la falta de medios materiales y humanos reseñada por el Comisionado, según informa Ical.
Tomás Quintana, que respondió a cada grupo por separado, se felicitó por el «paso adelante» de la Junta de incorporar nuevos datos ya sea a través de una nueva ley o reforma de la actual y confió en que el trámite público sea «fructífero». «Avanza algo en relación a la ley estatal y es mejorable en su contenido», concluyó.