El anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado recientemente por el Gobierno, no convence al rector de la Universidad de Valladolid (UVa), Antonio Largo. El máximo responsable de la institución académica lo califica como «frustrante» y considera que, por sí mismo, no resolverá algunos de los problemas para los que fue concebido. Por ejemplo, el de acabar con la precariedad del profesorado. La ley plantea una reducción del porcentaje de docentes con contrato temporal del 40 al 20 por ciento, una medida que afecta de lleno a la UVa, cuyo nivel de profesores asociados se encuentra actualmente en el 26 por ciento entre los que tienen un contrato a tiempo completo. Largo reconoce que es un porcentaje «superior a lo deseable», aunque puntualiza que la Uva está más cerca de ese 20 por ciento que otras universidades. Además, el rector incide en que ya se está poniendo solución a este problema con «una decidida política de oferta de plazas de entrada de carrera académica, es decir, profesores ayudantes doctores, que permita ir sustituyendo al profesorado asociado y, a la vez, mecanismos de estabilización tras la acreditación». La UVa ha ofertado este año 90 plazas de esta categoría, el triple de lo habitual, y en total, 112 de nueva creación en distintas categorías, además de 71 de transformación a contratado doctor, titular o catedrático.
Pese a esta medida, Largo señala que «no parece que la ley por sí misma resuelva el problema de la precariedad del profesorado». Según él, la desaparición en la regulación estatal de la figura de profesor contratado doctor es una «equivocación», porque «actualmente es la primera vía de estabilización. El rector aboga por regularlo en la ley y no dejarlo a las comunidades autónomas.
En términos generales, cree que en anteproyecto «es manifiestamente mejorable. «Las universidades venimos reclamando modificaciones legislativas que son inaplazables», dice en declaraciones a El Día de Valladolid, pero puntualiza que «no se trata de que, a través de una ley, se resuelvan problemas coyunturales, sino estructurales». Y cree que este proyecto no cumple esta premisa porque, «en buena medida, es continuista en los asuntos esenciales».
Otro cambio que, de confirmarse, afectaría a la UVa es el de la limitación de los miembros del Claustro (órgano de gobierno de la universidad) a cien personas, ya que la institución tiene actualmente unos 300. «Veremos en qué número queda finalmente, pero, si es así, lo adaptaremos intentando respetar la mayor representatividad de la comunidad universitaria», asegura. Una tarea que no será fácil en el caso de la UVa, ya que cuenta con cuatro campus «que deberán estar representados en todos sus estamentos».
Elección de rector. Otro cambio que, de confirmarse, afectaría a la Uva es el de la limitación de los miembros del Claustro (órgano de gobierno de la universidad) a cien personas, ya que la institución tiene actualmente unos 300. «Veremos en qué número queda finalmente, pero, si es así, lo adaptaremos intentando respetar la mayor representatividad de la comunidad universitaria», asegura. Una tarea que no será fácil en el caso de la UVa, ya que cuenta con cuatro campus «que deberán estar representados en todos sus estamentos».
Largo tampoco está contento con el cambio de sistema de elección de rector. Además del tradicional (por mayoría del Claustro), el anteproyecto plantea la creación de un órgano a tal efecto que valorará la trayectoria y méritos de los que se postulen. En él estarían representados los profesores (50 por ciento del órgano), alumnos (10 por ciento), trabajadores (10 por ciento) y ciudadanos de reconocido prestigio ajenos a la Universidad (30 por ciento). «Soy partidario de la elección, tanto del rector como de los decanos y directores, mediante procesos lo más democráticos posible, con la adecuada representación de la comunidad universitaria; por lo tanto, la elección mediante un órgano específico no me parece adecuada», opina. Según él, el proceso participativo es «más democrático y participativo, y garantiza mejor la independencia del rector».
Los estudiantes, también en contra
A la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes (ADDE), la mayoritaria en la UVa, tampoco le convence el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno. De hecho, su presidente, Pablo González, asegura que esta normativa «mata la Universidad». Entre los aspectos que considera más lesivos está la reducción de la participación del alumnado en el proceso de elección del rector, ya que la opinión de los estudiantes solo contará un diez por ciento. Además, González también critica que personas ajenas a la universidad tengan un 30 por ciento de representación en ese nuevo órgano que se crearía para elegir al nuevo rector. «Serán personas puestas solo para la elección de ese rector», opina. El representante de ADDE lamenta que, con este sistema, «da igual lo que diga el alumnado» porque siempre saldrá elegido «el rector que quiera la Administración», y eso es «un peligro» para la Democracia. «Es una forma de enchufar a los suyos», sentencia.También se muestra crítico con que la ley «sea tan tolerante con los suspensos» y con otros aspectos, «como el destrozo del mobiliario», dice, en referencia a la calificación como «grave» en lugar de «muy grave» de los desperfectos que se causen en los bienes de la universidad (solo estará calificado como muy grave los que afecten al patrimonio histórico).