La Audiencia de Valladolid ha condenado a dos años, seis meses y un día de cárcel a M.H.C. por apropiarse de más de 8.000 euros de su propia hermana en concepto de la prestación familiar por hijo a cargo que venía percibiendo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. En su sentencia, el tribunal considera probado que el ya condenado cometió un delito continuado de apropiación indebida, con la agravante de reincidencia, de ahí la imposición de la referida pena privativa de libertad, junto con la prohibición de acercarse a su hermana a menos de 500 metros y de comunicar con ella durante un espacio de cinco años, así como, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar con 8.293,50 euros a la Fundación María Josefa Recio, quien ejerce su tutela.

Durante el juicio, M.H.C. se declaró inocente y alegó que el dinero apareció en una cuenta bancaria que había abierto en 2016 porque la Seguridad Social se lo exigió para cobrar la jubilación, así como que no sabía que era el de la pensión de su hermana, versión exculpatoria que no ha convencido al tribunal sentenciador.

El condenado fue nombrado tutor de su hermana, con síndrome de Down, cargo que ejerció durante varios años hasta que fue removido por hechos que se tradujeron en su condena por delito continuado de apropiación indebida, sentencia firme de fecha 16 de julio de 2015 dictada por el Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid.

Pues bien, el procesado, sabedor de que su hermana era beneficiaria de una prestación familiar por hijo a cargo que le abonaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social en una cuenta del Banco de Santander de la que eran titulares tanto la víctima como él, en mayo de 2016 procedió a abrir una nueva cuenta en la misma entidad en la que figuraba como único titular y en la que domicilió el pago de dicha prestación.

A partir de entonces, la prestación fue abonada en su propia cuenta entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, periodo en el que incorporó a su patrimonio más de 8.000 euros en prestaciones que debía percibir su hermana.

Tras ser conocidos los hechos por la Fundación María Josefa Recio, que ejerce de tutor de la hermana, se requirió al acusado la devolución del dinero ilícitamente cobrado, si bien el aludido tan sólo procedió al pago de dos abonos por importe de 553 euros en noviembre y diciembre de 2017, respectivamente, dejando pendiente de devolver 8.278,50 euros.