En el marco de la filosofía de las estrategias comunitarias “Biodiversidad UE 2030” y “De la granja a la mesa” donde se esbozan nuevas directrices en materia de medio ambiente, de la sostenibilidad y donde, entre otros objetivos se plantea una reducción del 20% en el uso de fertilizantes, del 50% en el empleo de fitosanitarios, pasar del 5% al 10% en el abandono de Superficies de Interés Ecológico o llegar un 25% en las superficies destinadas a la producción ecológica, el Ministerio de Agricultura tiene en cartera un proyecto de real decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de los suelos; en otras palabras, el empleo de fertilizantes en los mismos, desde los abonos inorgánicos a los estiércoles. Con esta disposición se pretende lograr la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, evitar la contaminación de las aguas, impedir la acumulación de metales pesados en los suelos y además preservar sus propiedades biológicas o la biodiversidad de los mismos. Otro objetivo más, es regular el manejo y la distribución de estiércoles, lo que ya ha levantado las protestas entre explotaciones ganaderas, especialmente en vacuno de leche en Galicia.
Este nuevo proyecto de real decreto parte de una realidad como es el aumento en la utilización de fertilizantes inorgánicos, sin rotaciones de cultivos suficientes, todo lo cual está forzando a la tierra a producir más año tras año sin descansos, provocando procesos de desertización, mineralización, salinización y acidificación de los mismos donde la materia orgánica está por debajo de un 2%, además de incrementar los costes de explotación empleando dosis de abonos sin conocer exactamente las exigencias o necesidades de cada tierra y cultivo. Según los datos manejados por el Fondo Mundial para la Naturaleza, todos estos procesos ya han supuesto que un 40% de los suelos se hallen degradados y que un 75% sean susceptibles de desertización. En España, desde la Asociación Suelos Vivos se advierte sobre el mismo problema.
Comenzando por el inicio de la cadena, la nueva disposición de Agricultura contempla el establecimiento de una forma coordinada de una red de laboratorios para los análisis de los suelos para tratar de acabar con una situación donde las analíticas son la excepción y los controles se hallan escasamente implantados. El sector necesita un sistema que posibilite las analíticas de los suelos de una forma sencilla, sin burocracia y a pie de campo por las Comunidades Autónomas. Abonar como siempre se ha hecho es una práctica que todavía sigue dominando en una buena parte de la actividad agraria más extensiva y cuyo cambio se pretende desde algunas iniciativas como la impulsada por Upa con su proyecto Mosoex.
Como una segunda pata, esta iniciativa legislativa contempla impulsar la política de asesoramiento a pie de campo más allá de las promesas, recuperando la política de asesoramiento que llevaron a cabo las Agencias de Extensión Agraria en el tardo franquismo con efectos positivos innegables y que en la primera parte de la democracia se eliminaron bajo su nombre como residuos del régimen anterior pasando sus competencias a las Comunidades Autónomas donde han tenido un diferente trato y recorridos distintos. Para ser asesor de fertilizantes será preciso estar registrado como tal en el Registro de Fabricantes y Operadores de Productos Fertilizantes, trabajos que podrían llevar a cabo técnicos de organizaciones agrarias y de cooperativas con personal preparado al efecto.
Para el desarrollo de una fertilización correcta, importante es también disponer de la mejor información sobre la composición exacta de los fertilizantes que se adquieren especialmente cuando se trata de graneles. La nueva disposición crea un Registro General de Fabricantes de Fertilizantes para el control de su oferta.
En base a la futura normativa, al agricultor se le exigirá disponer y tener al día en su Cuaderno de Explotación su Plan de Abonado para saber qué volumen y tipo de fertilizante se está utilizando y la composición de los mismos a efectos de seguridad alimentaria para evitar los altos contenidos en metales pesados, además de la rotación de cultivos. En la misma línea se contemplan normas muy estrictas sobre almacenamiento, manejo y distribución de los estiércoles, todo ello bajo amenaza de elevadas sanciones. El Plan de abonado será de aplicación progresiva a partir de 2026 para todos los cultivos con exigencias inicialmente para las explotaciones más grandes hasta incluir las más reducidas. Estarían exentas explotaciones de tres hectáreas cuyas producciones no vayan a los mercados
La nueva disposición puede tener un impacto muy importante sobre todo el manejo y la utilización de los estiércoles para los que, entre otros puntos, se contempla la prohibición de que el apilamiento temporal al aire libre de los mismos se haga solo en momentos cuando no haya riesgo de lluvia torrencial, lejos de las corrientes de agua, en zonas donde no haya riesgos de infiltración a las aguas subterráneas, por un periodo no superior a los cinco días o a 24 horas cuando esté a menos de un kilómetros del casco urbano, con un humedad máxima del 40% y a una distancia mínima de 400 metros de las explotaciones y de 300 de las viviendas. Si contiene una humedad igual superior al 65% no se podrán aplicar con el sistema de plato o abanico, y si tienen menos del 65% de humedad, se deberá enterrar en las primeras cuatro horas desde su aplicación. Si se aplica a una pradera, los animales no podrán entrar en 21 días y si se trata de cultivos, al menos dos meses antes de la cosecha. Si tiene una humedad inferior al 40% no se deberán aplicar a menos de cinco metros de las orillas de un cauce de agua y si la humedad supera el 40%, no a menos de 10 metros de las orillas
La aplicación de la nueva disposición va a implicar, sobre todo, exigencias en las explotaciones ganaderas, especialmente en vacuno, tocadas por la crisis del virus en carne y en leche y, con ello, la necesidad de llevar a cabo elevadas inversiones para el manejo de los estiércoles. En las pequeñas explotaciones, especialmente en vacuno, existe una justificada preocupación por lo que les pueden suponer la nuevas exigencias a la escasa rentabilidad del momento, lo que abriría la puerta al cierre de las mismas .En esta dirección se debía contemplar la posibilidad de que fondos de Desarrollo Rural jugaran un papel importante a la hora de apoyar la adecuación de estructuras de miles de pequeñas explotaciones para a cumplir con esa normativa y a asegurar su supervivencia.