Los seis juzgados de Instrucción de Valladolid y los forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal viven desde hace dos meses un regreso al pasado, con la amenaza de sufrir una «sobresaturación» por la vuelta a sus manos de un millar de casos que hasta ahora se resolvían en la vía civil o extrajudicialmente. Son los accidentes leves de tráfico, que en 2015 se despenalizaron para que se solucionasen a ser posible lejos de los tribunales o, como mucho, en la vía civil y que, desde marzo, se han vuelto a incluir dentro de la jurisdicción penal. Esto devuelve a las víctimas el derecho a reclamar por sus lesiones en vía penal y a ser reconocidas por un forense judicial, sin tener que pagar por ello, ni por iniciar una demanda civil. 

Hasta hace cuatro años todos los accidentes de tráfico leves en los que había lesionados, pasaban por las manos de un forense, un juez, (a veces) un abogado de oficio... y obligaba a toda una tramitación en vía penal que contribuía al perenne atasco que sufrían estos juzgados. 

acuerdo antes del juicio. Un trabajo de las oficinas judiciales que, en muchos casos, era en vano, pues una gran parte de los procesos terminaba con acuerdo entre las partes, pero en el momento previo a la celebración de la vista oral por juicio de faltas, una situación que se desterró con la despenalización de estas conductas con lesión leve, pero que sí exigían un tratamiento médico; el mejor ejemplo, el del llamado ‘latigazo cervical’.

«La experiencia de los juicios de faltas antes de 2015 enseñaba que, en algunas ocasiones, habiendo un informe forense, la aseguradora del vehículo del denunciado abonaba la indemnización civil y se producía la renuncia a la acción penal», tal como explica el juez José María Crespo de Pablo, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, quien recuerda que «ello no evitaba la tramitación de cientos de casos a lo largo del año en los juzgados de Instrucción, ya que las renuncias se solían producir justo antes del juicio».  «El resto de asuntos terminaban en juicio oral complejo y largo por el número de implicados y de pruebas, periciales incluidas, y posterior sentencia». 

Los jueces de Instrucción temen que la situación se repita a partir de ahora, con la penalización de esos accidentes leves. «Es posible que ocurra ahora algo parecido a lo que pasaba hasta 2015», detalla el magistrado titular de Instrucción 1, «que se inicie por denuncia una causa penal por imprudencia, que se asuma la tramitación completa en los juzgados y que una vez que esté dictado informe de sanidad de las víctimas, con el que se permite cuantificar las indemnizaciones, que varios de esos procedimientos terminen antes del juicio oral». «El resto seguirá el mismo destino que antes de 2015, un juicio complejo y largo en cada caso, y sentencia», detalla Crespo, quien recuerda que todos estos casos recaerán en unos juzgados de Instrucción que en el caso de Valladolid ya sufren desde hace años una «sobrecarga»: «Esto va a suponer una nueva causa de sobresaturación de estos juzgados,  descargando a los civiles, lo que hace que aumente la necesidad de crear más juzgados de Instrucción».

el séptimo. La judicatura local lleva años exigiendo al Ministerio de Justicia la puesta en marcha de un servicio de guardia de 72 horas (en lugar del semanal vigente y que paraliza ocho días el juzgado) y un séptimo Juzgado de Instrucción, pese a que la despenalización de los accidentes leves de circulación rebajó la carga de trabajo.

El otro cambio que alivió a los juzgados de Instrucción en 2015 fue el archivo de los delitos leves sin autor conocido, que llenaban de papel las oficinas judiciales y que ya ni se tramitan. Esas reformas penales han ido rebajando la carga de trabajo de los Instrucción, hasta dejarla por debajo de los 16.000 asuntos anuales en Valladolid, pese a lo cual llevan ya tres años viendo como el atasco volvía a aumentar, situándose en 2.467 (411 de media por juzgado) al cierre de 2018.

«A lo largo de 2015 se terminó de archivar ya lo pendiente sin autor conocido», recuerda Crespo, de modo que se consiguió dejar el atasco en mínimos históricos, para empezar a repuntar en los tres años siguientes, provocado por un «incremento muy destacado de las videoconferencias para cualquier declaración que se haga fuera de la sede judicial», detalla el juez, y los problemas técnicos y organizativos provocan ese tipo de testificales por videoconferencia, ya que «solo se llega a celebrar la mitad, teniendo que señalar una nueva fecha para el resto» y con el hándicap que hay en Valladolid de «la falta de salas de vistas», que provoca que «se tarde mucho más que con los antiguos exhortos, con los que se hacían (las declaraciones) en los juzgados a los que se enviaban».

Esas reformas habían logrado aliviar esa sobrecarga que venían sufriendo en Instrucción y que hacía que cada uno de los seis existentes se enfrentase cada año a más de 7.000 asuntos, con un atasco medio de entre 600 y 700 por órgano. Así, a comienzos de la década, estos juzgados ingresaban algo más de 42.000 expedientes, una cifra que cayó a menos de la mitad en 2016, tras la entrada en vigor de aquellas reformas y que consiguieron que el atasco cayese a 2.024 asuntos (337 por órgano, de media).

«Con esa reforma de 2019, los accidentes de tráfico con culpa menos grave se castigan con pena de multa de tres a doce meses; si la Ley hubiera dicho que fuera de tres meses y un día hasta doce meses, la competencia habría sido de los juzgados de lo Penal», explica el propio Crespo, quien detalla que el texto reformado el pasado mes de marzo «abre de nuevo la vía de la denuncia y de la tramitación penal de todos los casos de imprudencia menos grave con vehículo a motor».

forenses. De estos accidentes se estima que hay en torno a un millar anuales en Valladolid. En estos  años en que estuvieron fuera del Código Penal, además de reducir la carga de trabajo en los juzgados de Instrucción, aliviaron también a la clínica forense, si bien con el paso del tiempo habían vuelto a hacer ese tipo de informes de valoración médica del lesionado, a petición de un particular.

«Al principio, sí se registró una disminución de estas valoraciones, pero, poco a poco y sobre todo en Valladolid, habían ido subiendo las peticiones extrajudiciales de informes de accidentes», explica Mª Victoria García Santos, directora del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valladolid, Salamanca y Palencia. «Esto nos supondrá una sobrecarga de trabajo, pero se puede asumir sin problema», apunta la médico-forense, quien cree que «en Valladolid no va a cambiar mucho la situación porque cada vez había más peticiones de particulares y ahora llegarán vía juzgados».

Los abogados especializados en este tipo de reclamaciones, por su parte, celebran el cambio legal, ya que argumentan que «desde el año 2016 se había dado una alarmante disminución de las indemnizaciones (de tráfico) que, obviamente, repercutía en los ingresos de los despachos profesionales», según sostiene el presidente de Anava (Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes), Manuel Castellanos, quien recuerda que «la vía penal es gratuita y la vía civil conllevaba un coste que hacía que muchos afectados renunciasen a ir a un juzgado».