Miles de trabajadores realizan a diario horas extra en España sin recibir ninguna remuneración por ello. Unos empleados que sufren la normalización de una situación que la teoría dice que no debería ser normal. El miedo a perder el empleo impide que muchos de ellos se quejen y se resignen a ‘regalar’ parte de su tiempo a la empresa para la que trabajan. Según la Encuesta de Población Activa, los cinco sectores donde más se da esta situación son, por orden, los de la banca y los seguros, el de la educación, el de las actividades inmobiliarias, el de las actividades profesionales, científicas y técnicas y el de los profesionales de la información y la comunicación.

El Gobierno aprobó el pasado 8 de marzo una medida para intentar poner coto a esta situación, a través de una modificación del Estatuto de los Trabajadores. Así, desde este domingo todas las empresas deberán contar con un registro en el que figure la hora de entrada y salida de cada uno de sus trabajadores. Además, deberán conservar esa información durante al menos cuatro años para ponerla a disposición de cualquier trabajador que lo solicite, de los sindicatos o de la propia Inspección de Trabajo si así lo requiere.

Además de luchar contra la precariedad laboral, el Gobierno también busca atajar el agujero que supone para la Seguridad Social todas esas horas que se trabajan y por las que no se cotiza, ya que no vienen reflejadas en el contrato.

Ahora bien, la nueva normativa trae consigo muchas incógnitas que no resuelve el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado del 12 de marzo de este año. Por ejemplo, qué método deben utilizar las empresas para que este registro sea válido ni cómo han de actuar en casos en los que sea muy difícil acotar la jornada de un empleado. Por ejemplo, cuando se trate de un trabajador al que se le encarga un proyecto que tiene que entregar antes de una fecha límite o cuando haya que registrar el tiempo de alguien que se haya acogido al teletrabajo. A este respecto, la única referencia que hace el Real Decreto es que «mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario, previa consulta con los representantes legales de los trabajadores, se organizará y documentará este registro de jornada».

Y ahí radica la principal queja de la patronal vallisoletana. La presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, critica que «se imponen una obligación, pero no dicen cómo aplicarla».

Y no es una cuestión baladí. El texto aprobado por el Gobierno también incluye una modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para convertir en este incumplimiento en una sanción grave, que acarreará sanciones desde 626 hasta 6.250 euros. «Hay muchas empresas que trabajan con modelos de flexibilidad o por proyectos que no saben qué mecanismos son válidos», añade la presidenta de la patronal. Eso implica que «si una empresa hace una inversión en una herramienta informática que te ayude en este control, no sabrá si dentro de dos meses, cuando se desarrolle esta normativa, este mecanismo va a servir o no».

No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por este periódico avanzaron que «no hay ninguna directriz» para que la Inspección de Trabajo ponga especial celo en estos controles durante los primeros meses. Actuará, eso sí, si se produce alguna denuncia.

La presidenta de la CVE incide en que a los empresarios «se les pide, por un lado, flexibilidad horaria y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral y, por otro, se les impone unas obligaciones que pueden generar muchos problemas a la hora de aplicar estas medidas».

los sindicatos. Menos crítico es el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT, Raúl Santa Eufemia, quien considera que es una «buena medida», aunque «deja al albur de la empresa la herramienta utilizada para fichar». Además, recuerda que las empresas deben consultarlo con los trabajadores, y la mayoría de ellas no lo han hecho todavía, de modo que «ya van tarde». Santa Eufemia insta a los trabajadores a exigir su derecho a fichar y considera que los sindicatos deben estar a partir de ahora «vigilantes» para evitar la «picaresca» de empresas. «No queremos que, por ejemplo, se obligue a alguien a fichar a las dos de la tarde y luego se vaya a las cuatro a casa», señala.

Respecto al tiempo de adaptación, dice no entender las críticas de la patronal. «Cuando aprobaron la reforma laboral, se adaptaron de un día para otro». Además, recuerda que esta obligación ya existe desde hace unos años en los contratos a tiempo parcial, que son mayoría en Castilla yLeón.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, Fernando Fraile, recuerda que el Decreto Ley no recoge todas las aspiraciones de los sindicatos. «El Gobierno no ha tenido en cuenta todos los acuerdos a los que se había llegado en el marco confederal, así que, aunque valoramos que haya un control, lo consideramos completamente insuficiente porque no incluye las herramientas necesarias para hacerlo efectivo». Fraile considera que las empresas deberían estar también obligadas a entregar un registro regularmente a los empleados con las horas efectivas de trabajo, sin que tengan que pedirlo. También critica que la empresa puede elegir el método utilizado si no se llega a un acuerdo con los trabajadores. Fraile recuerda que ese control tiene que ser «efectivo y no manipulable». «No vale cualquier cosa», finaliza.