La Fiscalía de Valladolid y las acusaciones particulares mantienen sus peticiones de cárcel, entre dos años y seis años y medio, para Jesús Ignacio G.P. y Santiago R.G. a los que desde sus distintos puestos en Biocompostajes Españoles SL colocan como responsables de los "vertidos incontrolados" en fincas y hasta alguna gravera de la comarca de Medina del Campo realizados entre 2014 y 2016 desde su planta sita en Velascálvaro.

Tras casi una semana de juicio desarrollado en la Audiencia Provincial, la titular del Juzgado de lo Penal número 1 ha dejado visto para sentencia el citado procedimiento que debe determinar si los procesados cometieron o no un delito continuado contra el medio ambiente o incluso también otro de vertedero ilegal y uno de daños contra el espacio natural protegido, como así incluyen a mayores un vecino de la zona y Facua, en calidad de acusadores particulares.

Para los tres acusadores, en el trámite de informes realizado este jueves, no cabe ninguna duda de la autoría por parte de los dos acusados, Jesús Ignacio G.P. y Santiago R.G., a pesar del intento del primero de presentarse como un mero ejecutivo financiero y el segundo como un consultor externo, al tiempo que han coincidido al señalar que la actividad desplegada desde la planta se centraba en la realización de "vertidos", que no aplicaciones agrícolas, de residuos no tratados de los que se deshacían en fincas no dedicadas al cultivo e incluso en alguna gravera de los municipios próximos porque "habían asumido una carga de trabajo tan elevada que les impedía respetar determinados límites".

"Efectivamente, no es lo mismo una aplicación agrícola que un vertido, pero si lo que se deposita en un terreno no es con fines agrarios sino para deshacerse de ese líquido que se desbordaba de las dos balsas que BICOE tenía en la planta, estamos ante lo segundo", ha declarado categórica la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Valle, quien apunta que no se trata de una "acusación caprichosa" y fundamenta tal afirmación en los informes que en el mismo sentido han sido emitidos por la CHD a través de distintos expedientes sancionadores.

"Estamos ante un delito de peligro en el que tomamos como referencia las leyes de aguas y de residuos...y creemos que existe ese peligro grave de contaminación de las aguas subterráneas que luego se dirigen hacia el río Duero. Y si eso ocurre, el resultado es que desaparece la vida", ha sentenciado la acusadora pública en declaraciones recogidas por Europa Press.

Pero además de esos supuestos vertidos que BICOE efectuaba a través de camiones, en una "frenética actividad tanto de día como de noche", los acusadores también reprochan penalmente a los acusados los intensos olores a putrefacción, "insoportables" que emanaba la planta y que afectaban a municipios limítrofes, tal y como han denunciado algunos testigos, entre ellos incluso guardias civiles.

"Algunos vecinos han explicado que sus hijos preferían quedarse en casa en lugar de salir a la calle a jugar", ha puesto como ejemplo la fiscal.

Por su parte, una de las acusaciones particulares, la ejercida en representación de un antiguo socio de BICOE cuyo terreno también se ha visto afectado por vertidos, ha recriminado a los dos ocupantes del banquillo por su nulo interés por la seguridad y salud de los vecinos de la zona. "¡Uno es de Cataluña y el otro del País Vasco, con lo que les importa un bledo lo que ocurra!", ha lamentado el letrado acusador, que inicialmente pedía cuatro años y medio para los aludidos pero que finalmente se ha adherido a la petición de dos años mantenida por la fiscal del caso.

La otra acusación particular, ejercida por FACUA, que no ha modificado su solicitud de seis años de cárcel para cada uno de los acusados, ha hecho referencia a los "trampantojos" urdidos por las defensas con el fin de eludir cualquier responsabilidad en los hechos, uno de ellos enfocado a atribuir el proceso al "odio" de todo el mundo hacia BICOE, a la vez que ha mantenido que las pruebas presentadas en el proceso han demostrado que la empresa ha venido "vulnerando derechos fundamentales" de los vecinos de la zona durante años.

Frente a ello, las defensas de los dos procesados han solicitado un fallo absolutorio ante la falta de carga probatoria sobre la existencia del peligro grave aludido, contexto en el que además han aludido a la "falta de diligencia" de las acusaciones por dirigir el procedimiento contra sus patrocinados, vinculados indirectamente a BICOE, en lugar de hacerlo contra otras personas, entre ellas el presidente de la mercantil.

Sin apartarse un milímetro de que la actividad de la planta estaba centrada en la realización de aplicaciones agrícolas con lodos, convenientemente tratados, el defensor de Jesús Ignacio G.P. ha llegado a indicar que con los criterios de las acusaciones "tendrían que estar sentados también en esta sala todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León y todos aquellos ciudadanos que se bañan en el río y hacen en él sus necesidades".

En cuanto a las solicitudes de pena concretas, la fiscal del caso, que tipifica los hechos como delito continuado contra el medio ambiente, pide penas de dos años para cada uno de los encausados, multas de 7.200 euros y la prohibición por dos años para oficio o profesión relacionados con la gestión de residuos, así como una multa de 36.500 euros a Biocompostajes y el cierre de sus instalaciones en Velascálvaro por un tiempo de tres años.

Por su parte, la acusación particular imputa a los dos procesados y BICOE un delito contra el medio ambiente y otro de vertedero ilegal y pide ahora las mismas penas que Fiscalía, multas por importe global de más de 114.000 euros e inhabilitación para profesión u oficio en gestión de residuos durante dos años, mientras que Facua--acusa de delito contra el medio ambiente, daños en espacio natural protegido y otro de daños--eleva las peticiones a seis años y medio de privación de libertad, inhabilitación por dos años y multas por importe conjunto de 75.000 euros.

Pero a mayores, Facua solicita que los acusados, junto con BICOE, indemnicen conjuntamente y de forma solidaria a cada uno de los municipios afectados, Cervillego de la Cruz, Rubí de Bracamonte, Fuente el Sol y Velascálvaro, con un millón de euros por el daño moral simbólico ocasionado en la vida cotidiana y la intimidad de los domicilios de sus habitantes durante años.