Miles de trabajadores inmersos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) llevan semanas a la espera de que se les ingrese la prestación por desempleo. La avalancha de solicitudes y algunas complicaciones en la tramitación está dilatando el cobro y poniendo en una situación comprometida a muchas familias. El sindicato CSIF ha denunciado la escasez de recursos humanos para resolver esta situación excepcional, con un aumento del 716 por ciento de ERTES presentados en Valladolid y solo un incremento del diez por ciento de la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En Valladolid son 73 funcionarios.
Dos de los afectados por esta situación son Carmen Blanco e Israel Bachiller, madre e hijo que viven juntos, trabajan en empresas diferentes y están en un ERTE desde que se decretó el estado de alarma, es decir, desde mediados de marzo. Carmen trabaja en la empresa Senior, perteneciente a Grupo Clece, y lleva desde el 14 de marzo en regulación y sin cobrar un euro. «Afortunadamente mi marido cobró por primera vez su pensión de jubilación en enero después de siete años y nueve meses en el paro», señala. Casi una década que no ha sido nada fácil. «Eso me ha obligado a aceptar todos los trabajos basura que me ofrecían», añade.
Los ingresos de la jubilación sirven para salvar un poco los muebles, pero poco más. «Somos mileuristas con tres personas en casa y seguimos tirando de los pocos ahorros que ya nos quedan», asegura Carmen. Ella se puso en contacto con el Sepe para saber las razones del retraso en el cobro. «Me dijeron que yo no figuraba como dada de alta ni como demandante», recuerda. Acto seguido llamó a su empresa para pedir más explicaciones y allí solo le dijeron que el ERTE estaba aceptado.
En ese mismo hogar vive Israel Bachiller, hijo de Carmen y, curiosamente, en una situación idéntica a su madre, pese a estar en otra empresa. Él forma parte de una subcontrata que trabaja para el Ayuntamiento en las bibliotecas municipales y que también presentó un ERTE por fuerza mayor en cuanto se decretó el estado de alarma. Desde entonces no ha visto un euro. Este licenciado en Historia también reconoce estar en una situación complicada. «Sabemos que está aprobado, pero no hemos cobrado», dice. Él también se puso en contacto con el SEPE y desde allí le instaron a tener paciencia porque, según reconocieron, tienen una avalancha de solicitudes que tienen que analizar una a una. «Es una situación incómoda, aunque, por suerte, yo tengo el apoyo de mis padres pero si estuviera independizado, lo pasaría muy mal», asevera.
El SEPE salió al paso de estas quejas este jueves y señaló que más del 98 por ciento de las prestaciones ya están abonadas y las que están pendiente son por subsanar errores. El responsable de Acción Sindical de CCOO en Castilla yLeón, Fernando Fraile, reconoce que existe el retraso en esos pago: «Ha habido comunicaciones erróneas por parte de las empresas en datos como las cuentas corrientes, además de falta de documentación»