En un país donde la vida vale poco menos que un teléfono móvil o el dinero que se lleva en el bolsillo, las muertes violentas y las desapariciones apenas sorprenden. Así es México, una nación que busca atajar el crimen organizado pero antes debe cortarlo desde unas raíces impensables en muchos otros lugares: la corrupción de los Cuerpos de Seguridad es, muchas veces, la culpable de los trágicos acontecimientos en el territorio azteca.
Con miles de ausencias forzosas -la cifra oficial más reciente la dio a conocer hace poco menos de un mes la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, según la cual hay más de 40.180 no localizados desde 2006, aunque el registro oficial dejó de sumar desde abril de 2018-, la de los 43 estudiantes de Derecho de Iguala es, sin lugar a dudas, una de las que más alcance tuvo. Tal vez por su cantidad, quizás por el modo en el que fue, puede ser que por la repercusión que dieron los padres de los jóvenes una vez sucedió la tragedia, el mundo miró aquel 26 de septiembre de 2014 hacia un estado de Guerrero casi desconocido fuera de las fronteras mexicanas.
La versión oficial defendida por la Fiscalía y considerada «verdad histórica» por el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto -el pasado 1 de diciembre llegó al Ejecutivo Antonio Manuel López Obrador, quien se autoimpuso como una de sus principales prioridades esclarecer este caso- apunta que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa «fueron desaparecidos» por policías y sicarios locales la noche del 26 de septiembre en la localidad de Iguala. Fue la Policía Municipal la que persiguió y atacó el autobús en el que estos viajaban. Tras capturarlos, quemaron sus cuerpos en el basurero de Cocula y después esparcieron sus cenizas en el río San Juan. Según esta investigación, fue el cartel Guerreros Unidos, vinculado al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, el que secuestró, asesinó y quemó a los estudiantes, que fueron confundidos con miembros del grupo rival Los Rojos, por lo que fueron ejecutados con el beneplácito de las autoridades.
Sin embargo, para la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos esa tesis es falsa, ya que «los estudios científicos demostraron que los normalistas no fueron incinerados» en ese lugar. Por eso, exigieron al Gabinete de Peña Nieto una investigación independiente que reabriese el caso, algo que sí fue tomado en cuenta por López Obrador. Apenas tres días después de acceder al Gobierno, el presidente instruyó la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, porque, sentenció, las familias y la nación «tienen que conocer la verdad».
la investigación continúa. Pero aún queda mucho por saber. Y, por eso, los trabajos siguen adelante. Según apuntó a principios de septiembre el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya se cuenta con «elementos claros» para desmentir las versiones que señalaban que hubo comunicación entre policías y estudiantes.
Tras un arduo trabajo de seis meses, y «después de revisar más de 84 millones de llamadas, fuimos deporando la información para tener claramente hoy la red de cómo se comportaron los grupos delictivos esa noche y cómo fue la operación del proceso de desaparición». Se continuará «partiendo de la línea fundamental de la búsqueda en vida», aseguró, agregando que se dará seguimiento a las denuncias interpuestas contra 235 funcionarios por investigación indebida en este caso.
Estos se sumarían a los 142 civiles y policías detenidos en estos cinco años por su posible vinculación con la masiva desaparición, si bien 53 de ellos -un 37 por ciento- ya han sido puestos en libertad, puesto que el juez instructor ha desestimado 63 de las 107 pruebas que acreditaban delincuencia organizada y secuestro. Por esto mismo, otros 50 sospechosos podrían ser excarcelados en los próximos meses.
Uno de los liberados es el considerado cabecilla de la trama, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, quien era el jefe de Guerreros Unidos en Iguala en la fecha del suceso. Sin embargo, el magistrado -que aún no ha procesado a ninguno de los acusados- consideró que no había «elementos para condenarlo».
Mientras, México continúa a la espera de noticias de los 43 de Iguala, aunque teme que El Gil tuviera razón en un mensaje interceptado con otro líder del cartel: «Nuncan los encontrarán porque los hemos convertido en polvo».