La crisis sanitaria ha generado otra de carácter económico que ya se empieza a notar en las arcas del Estado. El Gobierno decidió apoyarse en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para evitar que las empresas realizasen una oleada de despidos debido a la paralización de su actividad. Una medida social cuyo coste empieza a verse reflejado en las cuentas, ya que esos miles de trabajadores dejaron de cobrar de sus empresas, pero empezaron a recibir la correspondiente prestación por desempleo.
Si en el mes de febrero, antes de que comenzara la pandemia, había 15.543 beneficiarios en Valladolid, la cifra se elevó hasta 16.461 en marzo, con solo dos semanas de influencia del estado de alarma en la que todavía muchas empresas no habían solicitado un ERTE. Fue en el mes de abril cuando los perceptores de la prestación se dispararon. Según los datos facilitados por el SEPE a este periódico, el mes pasado 47.151 personas la cobraron, casi el triple que en marzo. Una evolución que también se ha notado en el gasto del SEPE en la provincia. Los 15,5 millones de febrero y marzo se dispararon hasta los 44,8 millones en abril. Casi el triple, como en el caso de los beneficiarios.
Un incremento que se explica por el volumen de ERTE aprobados en este periodo y por los trabajadores que perdieron su empleo en las primeras semanas de pandemia. Ni siquiera en los peores momento de la anterior crisis el Gobierno llegó a asumir un gasto similar al actual. Por ejemplo, en abril de 2013 Valladolid superaba los 54.000 parados, unos 18.600 más que ahora, y por entonces el Gobierno desembolsaba 26,8 millones al mes para pagar las prestaciones, muy lejos todavía de los 44,8 actuales. Bien es cierto que se trata de una circunstancia coyuntural que se irá corrigiendo a medida que las empresas retomen la actividad y cesen los ERTE, pero no lo es menos que muchas personas se han quedado sin empleo estas semanas, de modo que todo hace indicar que, cuando el gasto en prestaciones se consolide, será superior al que venían soportando las arcas del Estado hasta ahora. Por ejemplo, solo en el mes de abril el paro se incrementó un 9,24 por ciento en Valladolid para llegar a los 35.454 desempleados. Una subida superior a la de Castilla y León (8,9 por ciento) y a la de España (7,9 por ciento).
El decano-presidente del Colegio de Economistas, Juan Carlos de Margarida, reconoce que la crisis sanitaria ha hecho que las variables «cambien constantemente» como consecuencia de la paralización de la actividad económica. «Ahora mismo el Estado tiene muchos gastos con unos ingresos mínimos porque se ha parado el consumo y la productividad de las empresas», sostiene. De Margarida recuerda que todos los gastos que no se puedan cubrir con ayudas de la Unión Europea (UE) repercutirán en el déficit de las cuentas públicas.
También asegura que lo que pase a partir de 2021 vendrá determinado por el nivel de consumo interno de aquí a final de año. «Los ERTE de fuerza mayor se han ampliado hasta el 30 de junio con un compromiso por parte de los agentes sociales de no despedir hasta el 30 de diciembre», recuerda. ¿Qué pasará a partir de entonces? Según él, si el nivel de consumo no es suficiente hasta que acabe el año, en 2021 los expedientes de regulación temporal podrían pasar a ser extintivos. Y no solo será importante cómo se comporte el consumo en España, el ámbito internacional también juega un papel crucial. «Más del 70 por ciento de nuestras exportaciones se dirigen a Europa, pero el problema es que cada uno de estos países saldrá de esta crisis de una forma distinta, con un nivel de producción y consumo diferente», explica De Margarida. Y eso puede agitar y reconfigurar el mercado internacional. Por eso De Margarida considera que la UE debería hacer «que el sistema europeo vaya al unísono para poder protegerse a sí mismo».