El fracaso en las negociaciones del Pacto de Toledo justo antes de acabar la legislatura y después de más de dos años de reuniones significó un revés importante para los jubilados españoles que confiaban en dejar atado el tema que más les preocupa, así como para los trabajadores en activo que están cotizando sin saber cómo quedará finalmente su pensión el día que llegue su retiro. 

El Ejecutivo que salga de las elecciones del 28 de abril tendrá que asumir esta responsabilidad, que ocupará gran parte de la campaña como arma electoral, dado que los jubilados españoles suman ya más de 9,69 millones de subsidiarios y con su voto pueden poner o quitar gobiernos.

El gasto en pensiones contributivas superó por primera vez el pasado diciembre 9.317,9 millones de euros, un 4,92% más que hace un año. Ante esta tendencia alcista en subsidios y desembolso de las arcas públicas el Estado se plantea retrasar la edad de jubilación que, pese a ser una iniciativa impopular en un país con una tasa de paro juvenil que es la segunda más elevada de la UE, con un 35%, solo por detrás de Grecia (43%), sin embargo, es lo que recomiendan organizaciones como la OCDE, Fedea o el IEE. 

Trabajo estudia pasar el límite real a los 65 años en un plazo de 30 años que de media está ahora en los 62, pero sin tocar la edad legal. A partir de 2027, la base ya estará en 67 años, si se han cotizado menos de 38 años y medio o de 65 si se ha estado de alta durante más tiempo.

En 2018, la edad de jubilación efectiva se colocó en 62,7 años frente a un marco legal ligeramente superior a los 65 años. Además, el Ejecutivo se muestra favorable a extender el período de cómputo para el cálculo de la pensión en los 25 últimos años a partir de 2022, frente a los 22 establecidos en la actualidad.