La Junta limita al mínimo la vida social en Valladolid, al menos hasta el próximo jueves. El decreto que devuelve «casi» a fase 1 a la capital por el «importante» crecimiento de la tasa de contagio de la covid-19 y por la presión que empiezan a recibir los tres centros hospitalarios (72 pacientes en planta y 12 en UCI) está vigente desde este jueves y ha recibido un doble respaldo judicial. «La incidencia acumulada en Valladolid es del 34,01, notablemente superior a días atrás y con una tendencia a aumentar un 50% la tasa a cada semana que va pasando», explicó la consejera de Sanidad Verónica Casado, para justificar unas restricciones tan drásticas
Una medida que ha generado una importante confrontación política entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Gobierno regional, pero que también cosechó duras críticas de los empresarios de hostelería, del Arzobispado y del mundo de la cultura, entre otros. Un ruido y unos argumentos que no ha considerado la Justicia. Primero fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid el que ratificó estas medidas sanitarias preventivas, y después la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
En el primer auto judicial se reconocía el riesgo de difusión de la enfermedad en la capital, donde se asegura que hay evidentes indicios racionales de transmisión comunitaria, por lo que se considera altamente improbable el control de la situación con la única aplicación de las medidas generales establecidas hasta el momento. Un argumento que no comparte el alcalde, Óscar Puente, que apunta que hasta la aprobación de las restricciones el Gobierno regional no había hablado de transmisión comunitaria. De hecho, después de conocer el primer auto, el Puente seguía cuestionando esta justificación sanitaria. «A través de la resolución conocemos la incidencia acumulada de casos en Valladolid. 21,79. En España 21,24, y en Castilla y León 21,70. Todo ello según la propia Junta. Es decir, Valladolid supera en 9 centésimas la media autonómica», apuntó.
Estos datos, junto con la posición del Ministerio Fiscal, que se mostró partidario de que las restricciones de aforos sean proporcionales al espacio, mantuvo encendida la polémica entre las dos administraciones. El Ayuntamiento no entiende las restricciones, sobre todo las que reducen la actividad en establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades culturales y recreativas, con 25 personas en espacios cerrados y 50 al aire libre, por lo pidió la suspensión «cautelarísima» al TSJCyL.
RESPLADO.
Se entiende que hay una «falta de justificación» e «incoherencias» con otras actividades permitidas, como las comerciales, pero este jueves el alto tribunal ha considerado que «la adopción de la medida cautelar que se solicita puede causar graves daños a la salud de las personas al comportar la suspensión de medidas sanitarias que tienen por objeto evitar la propagación de la enfermedad y cuya necesidad y urgencia aparece, en principio, justificada».
La decisión judicial se conoció ya con las medidas en en vigor, y justo un día antes de la previsión del comienzo de la programación cultural municipal alternativa a las fiestas patronales, que ahora se deberá adaptar a la nueva situación. Una propuesta que el alcalde ha defendido como «segura» y cuya suspensión «perjudica a personas y empresas contratadas para estos eventos». Un argumento que apoyaron representantes de distintos colectivos culturales, que realizaron una sentada en la Plaza Mayor para rechazar estas medidas y pedir apoyo al sector. Unas críticas que respondió el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, argumentado que sabe que las medidas no son populares, pero apuntó que también se «podían haber colocado los 4.000 ataúdes de las personas que se ha llevado la pandemia».
Más conciliadora se mostró la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que ha sido la interlocutora con Puente, pero que se reitera en el convencimiento de que «hay que tomar medidas» y apunta que al ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien tiene «la misma información» que su Consejería, «no le parece adecuado el que se rebatan medidas en la situación dada». Aunque el alcalde sí que ha recibido el apoyo de su partido a nivel regional y provincial, además del Delegado del Gobierno que pidió a la Junta que replique el proceso «modélico» de cogobernanza que el Gobierno está siguiendo con las comunidades autónomas para evitar confrontaciones como esta. Unos apoyos que no comparten el resto de grupos municipales.
En esta batalla legal, el alcalde se encontró un aliado inesperado. La Asociación de Abogados Cristianos ha solicitado también a la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCyL medidas cautelares para suspender la limitación a 25 personas del aforo de celebraciones religiosas. Por su parte, el Arzobispado expresó su «perplejidad» porque se utilice el criterio del número absoluto y no el de porcentaje de aforo, como hasta ahora.
Estas nuevas restricciones también afectan a los velatorios, que se limitan a un máximo de quince personas en espacios al aire libre o de diez en espacios cerrados. Además, en los entierros se restringe a un máximo de quince personas, además de la persona que oficie el acto de despedida del difunto.
OTRAS RESTRICCIONES
La normativa regional también prohíbe el consumo en las barras, además de reducir a seis personas por mesa tanto en las terrazas como en el interior de los locales. Una limitación que ha soliviantado a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (APEH), que ha mostrado públicamente su «indignación» y su «más enérgica repulsa» al considerar que el sector vuelve a ser «el centro» de todas las medidas de restricción. Critican que se tomen las medidas «sin consultar ni informar al sector», que recuerdan que es uno de los «grandes perjudicados» por la covid-19. «Culpar a la hostelería del incremento de casos es un brindis al sol y una flagrante injusticia, máxime cuando están siendo la hostelería la que está poniendo más empeño en cumplir todas las medidas de seguridad que se decretan».