La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha remitido al Ministerio de Agricultura una propuesta de cara la reforma de la PAC que debe entrar en vigor en enero de 2023 y a la elaboración del Plan Estratégico Nacional, en la que plantea un único modelo de ecoesquemas para todo el territorio nacional, por los nueve que ha presentado el Gobierno, en el que se contemplan hasta 28 prácticas ambientales.

La propuesta, según explicó a Ical el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha sido consensuada entre la Junta, las organizaciones agrarias y las cooperativas y pretender ser un punto de partida en la negociación con el Ministerio de Agricutura, dado que se trata de un modelo que se puede aplicar en cualquier territorio del país.

El nuevo modelo de ecoesquemas se enmarca en el primer pilar de la PAC, el cual supone para Castilla y León unas ayudas de entre 200 y 300 millones de euros anuales, cantidad en el conjunto de España se sitúa entre los 1.000 y los 1.500 millones. Por este motivo, Suaréz-Quiñones indicó que el objetivo de esta propuesta es lograr poner en marcha un modelo “atractivo” y “sencillo” para que los agricultores y ganaderos de la Comunidad, que ya vienen realizando muchas de las prácticas ambientales propuestas, no vean recortadas sus ayudas.

En este sentido, el consejero criticó el actual planteamiento del Ministerio, donde se establece un pago único por hectárea y en el que cada uno de los nueve ecoesquemas tiene una asignación de fondos específicos. Además, seguró que es “muy complejo”, tanto para la administración como para el agricultor o ganadero, y que “garantiza el fracaso, ya que exige más y no incentiva”. Además, Suárez-Quiñones advirtió que si no hay un cambio de modelo se podría producir, a partir de 2025, unan pérdida de renta entre los agricultores y ganaderos, “algo que el campo de Castilla y León no se puede permitir”.

A su vez, recalcó que el modelo consensuado en Castilla y León por Asaja, la Alianza UPA-COAG,  UCCL y Urcacyl es más sencillo, adaptado a las distintas realidades productivas españolas, más atractivo para el agricultor y contempla un componente incentivador necesario para atraer al máximo número de agricultores al modelo.

El consejero apuntó que desde Castilla y León se considera necesario modificar el enfoque y el modelo propuesto por el Estado y plantear un único ecoesquema integral de la explotación con el que se pueda conseguir un importe incentivador al acogerse al ecoesquema y en el que se contemple una lista de prácticas de carácter ambiental a elegir. Además, en función de las prácticas elegidas se determinarán un conjunto de pagos adicionales. También se establece la limitación del pago por ecoesquema a un porcentaje máximo de la ayuda básica. Desde la Consejería se propone el 50 por ciento, que se ajustaría proporcionalmente al importe total de la asignación para ecoesquema del primer pilar.

Prácticas

Entre las 28 prácticas de carácter ambiental que se pueden desarrollar en las explotaciones agrarias destacan el aprovechamiento a diente de los pastos por la ganadería, respetando unas cargas ganaderas en la superficie; la regeneración y protección de sistemas adehesados; la rotación espacial de los cultivos de especies diferentes; la inclusión de cultivos mejorantes como vezas, alfalfa, o esparceta; el establecimiento de elementos característicos del paisaje; la creación de hábitats seminaturales de carácter anual; la siembra directa y mínimo laboreo; el mantenimiento de las cubiertas vegetales sobre el terreno o el uso de la fertilización orgánica en las explotaciones.

Por último, Suárez-Quiñones explicó que el modelo también ha sido presentado a todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León, contando ya con el respaldo de PP y Cs, y a la espera de las propuestas que quiera realizar el PSOE.