La defensa solicita la libertad del dueño de El Salvador

A.G.M.
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Registro en El Salvador durante la Operación Ignis. - Foto: J.C.C.

Sus abogados justifican la petición de excarcelación de Ignacio Morchón en base a la grave enfermedad que padece, su edad y el informe pericial que acreditaría la ausencia de la estafa, según sus tesis

El equipo de abogados que representa al grupo funerario El Salvador en el proceso abierto por la Operación Ignis ha presentado este viernes la petición de excarcelación del dueño de la empresa, Ignacio Morchón Alonso, después de que ya se acordase la puesta en libertad bajo fianza del hijo, Ignacio Morchón Vaquero, y la hija, Laura Morchón.

La solicitud de libertad formulada ante el Juzgado de Instrucción 6, encargado de la investigación de la presunta 'macroestafa' de los cambiazos de ataúdes, se justifica en base al informe pericial presentado este mismo miércoles en el que se descartaría la tesis de la relación fantasma con su proveedor de féretros y, a juicio de los letrados de El Salvador, avalaría "la existencia de un stock y un volumen de compra de ataúdes adecuado a la normalidad del negocio", lo que, según las tesis del despacho de abogados que defiende a los Morchón, hace que "queden tremendamente debilitados los indicios policiales y desacreditada la versión de Justo M.G.", el exempleado que acumuló durante veinte años toda la documentación de los supuestos cambiazos previos a las incineraciones y que habría acumulado unos seis mil afectados.

Además, se recuerda el estado de salud de Morchón, "aquejado de una grave enfermedad", así como su edad y el hecho de que "de haber un juicio y una hipotetica condena, no llegaría a ingresar en prisión, pues el pronostico clinico es desfavorable y su edad, avanzada", argumentan los abogados antes de esgrimir "razones de humanidad y urgencia del caso".

El caso sigue abierto, con 26 investigados, de los que todos están en libertad, menos el presunto cabecilla, y fundador y dueño del imperio funerario. Los apuntos de Justo M.G. acreditarían las estafas entre 1995 y 2015, pero la Policía continúa investigando si continuaron hasta el mismo día de los registros, el pasado 31 de enero.