La Junta de Castilla y León se opuso ayer a incrementar en una décima su objetivo de déficit para este año y el siguiente, y votó en contra de la nueva senda de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el primero en 18 meses. El Ejecutivo regional, que hasta noviembre acumula un déficit del 0,74% del PIB, votó no junto a las otras regiones gobernadas por el PP (Andalucía, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta, y fijó sus rechazo a la relajación del objetivo de déficit autonómico. Una nueva senda de estabilidad que eleva el límite legal hasta el 0,2% del PIB en 2020 y al 0,1% en 2021, lo que supone incrementar en una décima el techo marcado por Hacienda para este año y el siguiente. Sin embargo, la propuesta ministerial salió adelante con los votos favorables de las comunidades socialistas y Melilla (Cs), y retrasa la estabilidad presupuestaria hasta el año 2022.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que con su voto negativo rechazó las medidas del Gobierno, aseguró que estos planteamientos supondrían cambiar «deuda por endeudamiento», e insitió en que lo «justo» es recibir los 142 millones del IVA de 2017. A la salida del Consejo de Política Fiscal, que se extendió por más de cuatro horas, Fernández Carriedo insistió que «en vez de pagar» lo que se debe a las comunidades, permiten «endeudarse más», cuando la solución, a su juicio, es que si alguien «debe algo, lo pague». «No se paga el IVA y se plantea más déficit», incidió el consejero, para lamentar que, sobre la financiación autonómica no se ha acordado «un plazo cierto» para su aprobación. «Lo único que se nos dice es que nos volvamos a endedudar más de lo previsto, cuando la solución pasa por un nuevo modelo y se nos pague lo que nos debe», reiteró.
Unas críticas que llegan después de que el Ministerio de Hacienda informase que no devolverá a Castilla y León los 142 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de noviembre de 2017. Sin embargo, no tendrá en cuenta esta cuantía cuando analice si las autonomías cumplieron con el objetivo de déficit de 2019. Una medida contraria a las pretensiones de la Junta de Castilla y León, que llegó al CPFF con la intención de arrancar un compromiso alGobierno central para el abono de los 142 millones que el Estado adeuda a la Comunidad.
Ante esto, Carriedo recordó que la Junta de Castilla y León ya ha gastado esos 142 millones para «pagar» a los profesionales que prestan los servicios públicos, y añadió que los ciudadanos ya han pagado el IVA y el Estado lo recauda, «pero no se lo transfiere» a las comunidades», mientras, dijo, la solución que da es «endeudarse « para pagar los gastos ordinarios.
Ir a los tribunales
Sobre la posibilidad de recurrir ante los tribunales el impago de los 142 millones del IVA de diciembre de 2017, FernándezCarriedo reiteró que la Junta de Castilla y León estudiará «todas las posibilidades», si bien volvió a mostrar su confianza en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pulse la opinión «mayoritaria» de las autonomías que lo que quieren es «cobrar» los fondos adeudados. «El Estado no está dispuesto a devolver el IVA a los contribuyentes que lo pagaron en su momento, pero nosotros no vamos a reclamar a los salarios retribuidos a los profesionales que prestan los servicios públicos», concluyó, segúnEuropaPress.