La Junta de Castilla y León y el Gobierno de España han iniciado una campaña conjunta y coordinada de control a los centros de trabajo de la Comunidad con el objetivo de verificar que se cumplen las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la covid-19. La iniciativa está promovida por las Consejerías de Empleo e Industria y de Sanidad, en colaboración con el organismo autónomo estatal adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en ella están participando más de 130 inspectores, subinspectores y técnicos de las unidades de Seguridad y Salud Laboral de los tres departamentos, de los cuales 69 pertenecen a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio y que están habilitado para fijar sanciones en el caso de detectar incumplimientos por parte de las empresas que oscilarían entre los 100 y los 600.000 euros.
Tal y como avanzó ayer el vicepresidente y portavoz autonómico,FranciscoIgea, la campaña se desarrolla en dos fases. En la primera, que se inició este miércoles y se prolongará hasta el 9 de agosto, equipos integrados por personal de ambas consejerías y de la Inspección estatal están realizando visitas de control a empresas de los sectores agroalimentario, cárnico, hostelero, comercial e industrial, en función de las actividades más representativas de cada provincia. La segunda etapa comenzará a partir del 10 de agosto, y a ella se incorporarán más efectivos del área de Sanidad, que operarán de forma independiente, pero coordinada, con los de Trabajo y los técnicos de Empleo e Industria, de manera que entre ambos equipos existirá un intercambio de información continua.
El objeto de las visitas a los centros de trabajo es comprobar que las compañías de Castilla y León están adoptando las medidas de prevención, contención, seguridad e higiene frente a la pandemia, reguladas tanto por la normativa estatal como por la autonómica. El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, señaló en declaraciones recogidas por Ical que los inspectores velarán por el cumplimiento de medidas como la «existencia de geles hidroalcohólicos, el uso de mascarillas, la distancia de seguridad de metro y medio entre los trabajadores o equipos de protección individual y que sean espacios suficientemente ventilados». «Una serie de medidas que gracias a los cambios normativos promovidos por el Gobierno de España facultan a los inspectores de trabajo para hacer las labores de control de este tipo de medidas que pretenden frenar la propagación del coronavirus en los centros de trabajo», defendió.
En los centros productivos deben garantizarse, asimismo, la ventilación, limpieza e higiene de las dependencias, la provisión de hidrogeles, la reordenación de los turnos para evitar la coincidencia masiva de personas –ya sean clientes o trabajadores– y el fomento del teletrabajo.