El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer en Palencia que, en el caso de que exista «perjuicio patrimonial» en la venta de unos todoterrenos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que deberían haber sido achatarrados, la Junta se «personará para defender el interés público».

Mañueco afirmó, tras la presencia de una decena de miembros de la Policía Judicial en la Consejería el pasado jueves, que «la Junta siempre ha colaborado y va a seguir haciéndolo con la justicia», y recordó que el pasado junio «se facilitó la información que demandaba el juzgado de instrucción». Aun así, en todo caso, la Junta «ofrecerá cualquier información que se demande para ponerla a disposición de los medios».

Además, el presidente del Ejecutivo autonómico detalló que «se va a actuar con contundencia para evitar las malas prácticas en la administración autonómica».

La posible ilegalidad se encuentra en investigación por la Guardia Civil, por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, para recabar información sobre la presunta venta de todoterrenos a empresas y particulares hasta cinco veces por debajo de su precio de mercado. Unos vehículos que debían haber sido achatarrados.

El Juzgado de Valladolid investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos con motivo de la enajenación por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 313 vehículos forestales que fueron derivados al mercado de la segunda mano. A pesar de ello, aún no ha citado a nadie en calidad de investigado.

Tales delitos habrían contado con la participación directa de empresas y particulares que habrían sido beneficiados por la adquisición de un número importante de vehículos por entre 600 y 800 euros cuando su precio en el mercado de segunda mano es de aproximadamente 9.000 euros.

El instructor, José María Crespo, abrió las diligencias previas 765/2019 en mayo de 2019 tras recibir otras diligencias procedentes del Juzgado de Instrucción 1 de Ávila, iniciadas por atestado de la Guardia Civil, según confirmó el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia.

Hasta el momento, no hay nadie citado como investigado ya que se ha empezado a analizar la documentación obtenida en la Consejería de Fomento tras la petición de información solicitada por el Juzgado y que se ha llevado a cabo de modo personal por la Policía Judicial de la Guardia Civil para garantizar la cadena de custodia.

División en lotes

El Juzgado investiga si se ordenó (no se sabe todavía quién) dividir lotes de coches por provincias para evitar que su valor superase los 30.000 euros en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública, como hubiera sido preceptivo, con el fin de evitar la misma.

Cada delegación territorial habría vendido o enajenado sus vehículos por venta directa en desguaces con baja temporal no definitiva. Las cantidades por las que habrían sido vendidos los coches serían de entre 600 y 800 euros cada uno, según informa Europa Press.

Algunos vehículos, de los 103 destinados en principio a destrucción directa, han sido detectados circulando de nuevo. Otros 63 coches han sido transmitidos a empresas y 147 continúan bajo titularidad de la Junta.

Según la investigación de la Guardia Civil, el posible perjuicio económico para las arcas autonómicas sería de casi tres millones.

Comparecencia urgente

El grupo socialista en las Cortes de Castilla y León registró ayer una petición de comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que ofrezca explicaciones sobre la investigación del Juzgado número 1 de Valladolid acerca de la compraventa de vehículos forestales.

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, aseguró que se trata de «un episodio más de uno de los sospechosos habituales de las tramas de corrupción» en la Junta, en referencia a Suárez-Quiñones, del que dice que «sigue haciendo de las suyas».

Tudanca explicó que «hace ya muchos meses» que su formación presentó iniciativas en las Cortes «porque ya había algo sospechoso», según informa Europa Press.

No obstante, tras los registros de la Policía Judicial, el PSOE pedirá la comparecencia «urgente» para explicar «una nueva trama que está investigando un juez».

El líder del PSOE recordó a Ciudadanos su transigencia para que Suárez-Quiñones mantenga el cargo de consejero. «Recordemos que fueron ellos los que dijeron que nunca se sentaría en el Consejo de Gobierno», destacó.

El Grupo Socialista preguntó en marzo de 2017 sobre la situación del parque móvil de Fomento y Medio Ambiente, explicando la Consejería que el 11 de abril aprobó una resolución para la renovación de parte de esa flota.

Tras una nueva pregunta en septiembre de 2017, el PSOE insistió en julio de 2018 a raíz de la renovación del parque móvil. La Consejería respondió que, dado que algunos vehículos superan los diez años de antigüedad, la mayoría de los adquirentes son empresas autorizadas como gestores de vehículos.