Izquierda Castellana ha acusado al Ministerio de Justicia de tratar de impedir la legalización de la Fundación Doris Benegas, a la par que desde el de Interior se intenta ilegalizar a dicha formación.

El día 16 de agosto llegó una comunicación del Ministerio de Justicia informando de que la "dotación fundacional" que se aporta para el registro de la Fundación Doris Benegas, valorada en 33.089,94 euros, compuesta por una cantidad en metálico de 16.159,04 euros y un bien inmueble valorado (mediante la tasación por parte de un perito legalmente acreditado para tal cuestión) por 16.830 euros, no es válida, cuando, según recuerda IZCA, el importe mínimo exigido para una "dotación fundacional" es de 30.000 euros.

La formación castellanista, a través de un comunicado recogido por Europa Press, añade que, según el Ministerio de Justicia, el Protectorado de Fundaciones emitió un informe sobre el valor de ese inmueble por el que no se acepta éste -una panera con más de 140 años- como parte de la dotación fundacional. No se aporta contrainforme pericial alguno, ni estudios del mercado inmobiliario de Villalar de los Comuneros y su comarca.

Además de no aportar informe técnico alguno que documente esta cuestión, IZCA recuerda que Villalar de los Comuneros, por ser una población históricamente referencial, tiene unas características -también en el mercado inmobiliario que no se pueden equiparar a otras zonas del medio rural del norte de Castilla.

"Los 140 años de antigüedad de la construcción la convierten en un edificio histórico y como tal es reconocido por el vecindario. Por tanto, más que un elemento de desvalorización, debería de considerarse en sentido contrario. Si aplicamos el criterio de la antigüedad de forma generalizada como circunstancia de desvalorización, ¿qué valor habría que darle a edificios emblemáticos como, por ejemplo, la Catedral de Burgos?", se preguntan desde la formación castellanista.

Entre las personas que están impulsando el registro de la Fundación Doris Benegas, en memoria de la letrada y activista nacida en Caracas pero afincada en Valladolid hasta su muerte, la idea es que este inmueble sea la sede principal de la Fundación, máxime cuando ya se han realizado las obras necesarias de adecuación así como la instalación de los servicios correspondientes.

IZCA se queja además del requerimiento de Justicia para que en el plazo de 15 días se aportan los 14.000 euros en metálico que faltan para alcanzar los 30.000 que la normativa exige como mínimo de "dotación fundacional", pues, de lo contrario, se tendrá por desistida la solicitud de legalización y registro de la misma.

"Esta comunicación del Ministerio de Justicia, tal como sucedió desde el Ministerio del Interior en la notificación relacionada con el intento de ilegalización de IzCa, se hace en pleno mes de agosto, cuando es evidente que las gestiones para resolver este tipo de cuestiones administrativas alegadas por ambos ministerios, tienen especialísimas dificultades para su materialización", denuncia públicamente IZCA.

Por ello, considera que de nuevo se trata de un ataque del Gobierno, "tendente a liquidar las vías de expresión y de actividades legales de la órbita del movimiento popular castellano en base a triquiñuelas administrativas".