La Junta de Castilla y León reiteró hoy su “compromiso claro e inequívoco” con la aplicación de la jornada de las 35 horas para todos los empleados públicos de la Comunidad, pero consideró que el acuerdo firmado en mayo con los sindicatos era una demanda para el nuevo Gobierno y no dice que se aplique a partir del 1 de enero de 2019.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibañez, de cuyo departamento depende la Función Pública, fijó la posición del Ejecutivo, si bien no entró en detalles porque será esta tarde cuando se informe a los sindicatos en la reunión que tienen prevista.

Ibañez puso en valor el esfuerzo de los empleados públicos, el “compromiso claro e inequívoco” de su aplicación “durante la legislatura”, la voluntad de acuerdo con los sindicatos y que la decisión este fundamentada en varios aspectos para lo que se hace un análisis de “todas las incidencias”.

Para que la aplicación de las 35 horas culmine, se refirió al análisis económico, donde recordó que los presupuestos están prorrogados, a la prestación de los servicios con garantía y calidad con la reducción de la jornada, a la normativa que se debe aprobar y requiere de unos trámites, de manera que la decisión final garantice la equidad, igualdad e universalidad para todos los empleados públicos.

A ello, unió que el mecanismo económico que se habilite cumpla con el objetivo de estabilidad de las cuentas públicas y que exista continuidad en la aplicación de las 35 horas para “no recular y volver a la posición de origen”.

Ibañez enmarcó la puesta en marcha de esta medida, firmada el 21 de mayo con los sindicatos, en la responsabilidad con los ciudadanos y tampoco avanzó si se mantendrá la reducción de la jornada a partir del 1 de octubre en los centros de trabajo que en este periodo estival ya la han tenido, a la espera de la reunión de esta tarde con la parte social.

“No fue expresado en esos términos”, respondió cuando se le preguntó que los sindicatos afirmaron ayer que él les había dicho que el acuerdo de mayo “no es vinculante” para el nuevo Gobierno. “Hay un compromiso de la Junta de aplicar las 35 horas”, añadió, si bien, sobre cuándo será y ante el análisis de su efecto, mantuvo que se producirá “durante la legislatura”.