Samaniego niega irregularidades en su gestión

Ical
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Samaniego niega irregularidades en su gestión

Ni él ni su hijo admitieron preguntas del fiscal

El que fuera jefe del centro de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid entre los años 2000 y 2014, Luis Alberto Samaniego Conde, negó hoy en la Audiencia Provincial, en la primera jornada del juicio del denominado ‘caso Samaniego’, que cometiera irregularidades en su gestión. También rechazó que favoreciera en la adjudicación de contratos menores a empresas de las que él mismo era administrador o a sociedades gestionadas por su hijo Luis Javier Samaniego, por su primo Antonio Bernardo Samaniego o por un contable que trabaja para todo el grupo familiar de empresas.

Luis Alberto Samaniego, que se negó a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, resaltó a preguntas de su abogado que durante los quince años que trabajó en el Ayuntamiento ni recibió una sola queja por parte de un servicio municipal por una obra o reparación mal ejecutada, ni firmó una factura por unos trabajados que no se hubeiran realizado.

Al mismo tiempo, insistió en que nunca le devolvieron ninguna factura por irregularidades y que en la mayoría de los casos eran los responsables de los diferentes servicios municipales los que encargaban las obras directamente y los que daban el visto bueno correspondiente, ya que los trabajos no se iniciaban hasta que los respectivos servicios daban el visto bueno al gasto correspondiente a cada obra. Además, aseguró que se trataban de trabajos “baratos” y “buenos”.

A su vez, y al igual que en su hijo, que no quiso ser interrogado por el fiscal y por el abogado de la acusación particular ejercidad por el Ayuntamiento, puso en tela de juicio la parcialidad de los informes municipales que determinan que en muchos trabajos hubo sobrecostes, calificando de “trampa” que se utilicen baremos no reales a la hora de calcular el valor de una obra.

Por su parte, Luis Javier Samaniego, también recalcó que nunca le fue devuelta ninguna factura de los trabajos realizados para el Ayuntamiento y que tampoco se le abrió ningún expediente sancionador por trabajos mal realizados.

En su declaración, negó que las diversas empresas familiares se repartieran las obras municipales, e insistió que los encargos se realizaban directamente de los encargados del centro de Mantenimiento del Ayuntamiento, de los capataces de este servicio y de los responsables de los servicios municipales.

A su vez, cargó contra el informe de los técnicos municipales en el que se argumenta el sobre costes de muchos de los trabajos, y aseguró que en muchos casos ni siquiera han sido obras que han podido inspeccionar o de las que desconocían el estado inicial. En este sentido, criticó que además del error del incluir el IVA, los informes municipales no han tenido en cuenta aspectos legales como la normativa de seguridad o salud o la gestión de residuos.

En este sentido, se refirió a una de las facturas que el fiscal sostiene que se falsificó al no realizarse los trabajos y aseguró que el error parte de los técnico municipales al situán por error la finca en la que se actuó en El Peral.

Durane la primera sesión también prestó declaración Antonio Bernardo Samaniego, primo del principal encausado que, a preguntas del fiscal, negó que existiera un entramado de empresas familiares organizadas para beneficiarse del cargo de Luis Alberto Samaniego.

Penas

En total, la Fiscalía solicita penas que suman 35 años de prisión para los cuatro investigados en el 'caso Samaniego'. En concreto, para Luis Alberto Samaniego pide once años de cárcel por los delitos continuados de negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude a la administración y falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de estafa. Además, la acusación pública solicita la inhabilitación para empleo o cargo público durante dieciocho años.

Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pide ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

Además, también plantea que todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas.

Entre 2000 y 2014, una docena de sociedades gestionadas por los acusados realizaron obras municipales por valor de más de 9,6 millones de euros. Según la fiscal, una de estas empresas, Mantenimiento y Consolidación de Inmuebles SL no tenía trabajadores y era en realidad una empresa para concursar y participar en la adjudicación de obras y que, posteriormente, subcontrataba con otras dos empresas vinculadas a ella. En total, según el fiscal, la facturación con sobrecoste ascendería a 671.877 euros, pero también se facturaron trabajos que no se llegaron a realizar por valor de 88.269 euros.