La fábrica de ataúdes 'fantasma' que abastecía a El Salvador

A. G. Mozo
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La Policía investiga al principal proveedor de féretros de Grupo El Salvador tras descubrir que lleva desde 2005 funcionando «sin empleados ni instalaciones»

La fábrica de ataúdes 'fantasma' que abastecía a El Salvador

La investigación de la llamada Operación Ignis continúa en marcha sin que la juez ni los investigadores de la Brigada de Policía Judicial den por cerrada la lista de implicados con esos 26 detenidos que por ahora engrosan esta ‘macrocausa’ y que, en todos los casos, forman parte directa del imperio funerario de la familia Morchón; son los propietarios de la empresa, sus trabajadores más cercanos y, finalmente, todos los operarios que se encargaban, o lo hicieron en el pasado, de los dos hornos de incineración que tiene Grupo El Salvador, el del tanatorio del Camino del Cementerio y del cementerio privado de Santovenia de Pisuerga. Uno de los aspectos sobre los que se está indagando es el económico, en base a la ingente documentación intervenida en los registros del 31 de enero.
Las pruebas recabadas esbozan el trabajo que se llevaba a cabo en los despachos de la compañía de pompas fúnebres. Los ataúdes que se compraban, los que se vendían, los proveedores con que se solía trabajar... Y es ahí donde aparece la enigmática figura de una empresa vallisoletana, llamada Fabricados Senovilla SL y que, curiosamente, era la principal proveedora de las cajas que comercializaban en los tanatorios, «aunque no la única», tal como detallan fuentes cercanas al caso a El Día de Valladolid, que confirman que «es una empresa poco normal, porque no tiene ni empleados ni instalaciones y que ha seguido operando...».
3,5 millones desde 2001. En la documentación analizada hasta el momento por los investigadores de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) se comprueba que este fabricante ha facturado cerca de tres millones y medio de euros a El Salvador entre 2001 y 2017, a pesar de que 2005 no tiene empleados ni instalaciones; y, curiosamente, con sede social en Santovenia de Pisuerga -igual que el cementerio privado que el grupo funerario investigado tiene a las fueras de la localidad-.
Esta es una empresa familiar «que tuvo varios administradores pero todos de un mismo entorno familiar, aunque sin vinculación con los Morchón», detallan estas fuentes, que piden «prudencia» y «tiempo» para determinar si se puede hablar de testaferros o de que fuese una empresa pantalla o una tapadera de esos cambiazos de ataúdes para cuadrar los números de los que se compraban, los que se vendían, los que se quemaban... «Todavía queda mucho trabajo por delante», insisten desde el entorno de la Operación Ignis. 
Pero la investigación no acaba en esas gestiones que buscan ahondar en el modus operandi de la familia Morchón, sino que está «la parte principal y la más compleja», tal como detallan estas fuentes, que es la de poner nombre y apellidos a esos seis mil afectados que se cree que ha podido dejar la presunta ‘macroestafa’ solo entre 1995 y 2015, toda vez que se continúa con las pesquisas para determinar si, como sospechan los encargados del caso, los cambiazos de ataúdes se siguieron efectuando hasta los arrestos del 31 de enero.
Por el momento, la Operación Ignis ha contado con tres fases. La primera, en la que cayó el dueño y su hijo, teóricos cabecillas de esta trama, se desarrolló hace un mes y terminó con quince detenidos, el registro de ocho inmuebles -entre viviendas de la familia y las sedes del grupo empresarial en Valladolid y Santovenia- y la intervención de casi un millón de euros en efectivo que, según declaró el propietario, Ignacio Morchón (el padre, quien comparte nombre con su hijo), lo guardaba para dárselo a sus hijos para «el día de mañana».
La segunda fase, una semana después, se cerró con una única detención, la de la hija menor de la familia, Laura Morchón, quien es la directora-gerente del tanatorio del Camino del Cementerio y de la que se creía que tenía «un papel menos relevante» del que se vio en el análisis de la documentación que se intervino en los registros. Laura fue enviada a prisión por la juez del caso, con una fianza inicial de 800.000 euros que una semana más tarde fue rebajada a 400.000. En el caso de su hermano Ignacio, la juez mantiene la opción de ese abono de 800.000 euros para recuperar la libertad mientras se instruye la causa, mientras que en lo referente al padre y fundador de este grupo la decisión de la magistrada es mantenerle en situación de prisión incondicional.