El Tribunal Supremo debe decidir si admite a trámite la denuncia interpuesta por un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional al permitir manifestaciones como la del 8 de marzo.

La denuncia se ha remitido al Alto Tribunal dada la condición de aforado del presidente del Ejecutivo y después de que una jueza de Madrid decidiese abrir diligencias previas contra el delegado del Gobierno en esta comunidad, José Manuel Franco, por los mismos hechos. Según confirmó el abogado Víctor Valladares, que ha presentado la denuncia en calidad de particular, el escrito solicita al Supremo que investigue a Sánchez por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.

Son los mismos delitos por los que abrió diligencias la jueza de Madrid contra el delegado de Gobierno en Madrid.

Al igual que en la denuncia contra Franco, el escrito presentado ante el Supremo señala que las delegaciones de Gobierno y el propio Ejecutivo no actuaron para prohibir concentraciones multitudinarias como la del 8M «a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades» del día 2 de marzo por la expansión del coronavirus, que se había originado en China.

Manifestaciones a las que, según la denuncia, acudieron «millares de personas y con la anuencia, sin que existiera indicación o resolución alguna por parte del Gobierno central, para la prohibición» de las mismas.

Fuentes jurídicas han informado de que ahora el Supremo deberá pronunciarse sobre su admisión o inadmisión, sin estar condicionado en modo alguno por la declaración del estado de alarma.

Esto es así porque hay servicios básicos y se trata de una denuncia como cualquier otra y, por tanto, sometida a los mismos tramites que las demás, como pedir la opinión del fiscal o en su caso exigir una fianza al querellante.

Se trata de la primera denuncia que se presenta en el Alto Tribunal por hechos vinculados con el coronavirus, sin embargo no es la primera vez que Sánchez afronta una querella.

Vox se querelló en febrero contra el presidente del Gobierno a quien acusó de haber presionado presuntamente a la Abogacía del Estado para que avalara la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que consideró que debía haber sido reconocido como eurodiputado. El Supremo pide 12.000 euros al partido de fianza para seguir con el procedimiento antes de tomar una decisión.

Además, la misma formación política había presentado otra querella por el supuesto plagio en la tesis doctoral de Sánchez, que el Supremo ya rechazó en su momento.