El pleno de las Cortes aprobó el proyecto de ley de caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León con 79 votos a favor, ninguno en contra y la única abstención de Podemos, con la que se da seguridad jurídica, se apuesta por una actividad sostenible y ordenada y se defiende al mundo rural.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que la Comunidad cuenta con una ley moderna que será referencia en España. Partido Popular y Ciudadanos destacaron el amplio acuerdo, al que se sumó el Grupo Socialista tras aprobarse una de sus demandas en relación al silencio administrativo en la resolución de los planes cinegéticos.

Suárez-Quiñones, en la presentación del texto, detalló las novedades de una ley que data de 1996 y se modificó en 2019 y subrayó que adapta el marco normativo a la realidad social, a la vez que se da seguridad jurídica. Asimismo, destacó la planificación para garantizar una caza ordenada y controlada, señaló el nuevo sistema para seguir las poblaciones de Castilla y León, destacó la figura de los cotos colaboradores y del cazador colaborador y se refirió a prohibiciones para el control de las especies.

Igualmente, señaló como novedad la denominada ‘emergencia cinegética’ para acometer situaciones de urgente actuación en caso de importantes daños por una sobrepoblación intensa de determinadas especies. «Es una ley que avanza sobre la conservación y con respeto a los ecosistemas», afirmó.

El proyecto de ley incorpora 39 enmiendas de los grupos, además a última hora el PP renunció, al anunciar el «sí» al voto particular socialista, a su intención de que el silencio administrativo en los planes cinegéticos fuera positivo, algo cuestionado por el PSOE. De esa manera, se mantiene el texto original de que si en tres meses la Consejería no resuelve será considerado negativo a dichos planes.

El procurador socialista José Luis Vázquez defendió el trabajo para buscar el acuerdo y lamentó «el desdén» del PP a sus propuestas en la fase de ponencia.

Diálogo, consenso y capacidad de entendimiento con los grupos defendió Ricardo Gavilanes en la tramitación del proyecto de ley, . El popular anunció el «sí» al voto particular socialista en relación al silencio administrativo en aras al consenso, pero rechazó lecciones de legalidad de quien ha indultado a los políticos independentistas catalanes del ‘proces’.

La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, manifestó que no es consenso aceptar diez de 93 enmiendas presentadas por su partido y defendió 83 propuestas vivas, como potenciar la figura de los celadores, reforzar la concesión de los permisos, titularidad de los cotos, participación de los cazadores con los mismos derechos y deberes o protección de personas que conviven en espacios cinegéticos.

«No podemos dar un cheque en blanco porque esta ley sufre de muchas carencias», argumentó Domínguez, mientras que el popular Salvador Cruz destacó el esfuerzo para llegar al acuerdo y con las cinco enmiendas transaccionales.

Cruz aseguró que el cazador por regla general cumple y existen pocas sanciones, en respuesta a Domínguez que vio laxo este régimen, uno de los motivos por los que Podemos no votó a favor.

En la explicación del voto, Fátima Pinacho (Vox) afirmó que los cazadores siempre tendrán el apoyo de su partido dado que se trata de una actividad fundamental, que entronca con la tradición, cultura e idiosincracia de la Comunidad, para criticar a los ecologistas de los despachos y quienes les respaldan, según informa Ical.

Igualmente, José Ignacio Delgado (Cs) destacó que la caza genera casi 300 millones y que es un recurso para los pequeños municipios y para fijar población.

Contenido de la ley

La ley limita a la Administración autonómica para considerar cinegética una nueva especie, pero la habilita para excluirla de forma rápida. Además, regula la posibilidad de que una especie cinegética sea declarada «de atención preferente», por lo que será objeto de planes de gestión específicos.

Por otro lado, la norma prevé la elaboración de una estrategia de la caza, que incluirá los planes territoriales de recursos cinegéticos y de planes de gestión de especies cinegéticas, para aquellos territorios y especies que requieran de una consideración especial.

En cuanto a los terrenos cinegéticos, la ley unifica en 250 hectáreas la superficie mínima necesaria para su constitución, y sobre todo introduce cambios relevantes en cuanto al régimen de intervención administrativa.