«Tenemos que saber la realidad para compararnos en igualdad. No puede ser que haya comunidades, que no sabemos cuáles son, que no hayan facilitado estos datos». Son palabras de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, sobre la reclamación que la Junta de Castilla y León hace para el Gobierno dé a conocer los informes periódicos y obligatorios solicitados a las autonomías.
Blanco recalcó que Castilla y León pide que el resto de comunidades haga «el mismo ejercicio de transparencia que se ha hecho aquí». «Entendemos que si es una Orden Ministerial de obligado cumplimiento, el Ministerio habrá tomado las medidas que considere oportunas», añadió. La Comunidad, dijo en declaraciones recogidas por Ical, ha sido la más cumplidora, con 23 informes remitidos al Ministerio de Asuntos Sociales que dirige Pablo Iglesias. «Que igual que Castilla y León ha dado todos los datos, que proporcionen los datos de las demás comunidades», insistió.
Respecto a la denuncia presentada por el Defensor del Paciente ante el Supremo por la gestión de las residencias durante la crisis sanitaria, recordó que la misma denuncia fue presentada ante la Fiscalía y desestimada. «Confíamos en la Justicia plenamente», se limitó a señalar.
Preguntada sobre si, como algunos colectivos reclaman, deberían ser los médicos de Atención Primaria los que atiendan las residencias de mayores, dijo que es «una posibilidad, el estudiarlo, analizarlo y verlo» y recordó que ya se trabaja en la elaboración de la nueva Ley de Atención Residencial.
«Hoy mismo se celebra una mesa sobre Bioética y se abordará en una mesa de trabajo y entendemos que es ahí donde deben debatirse todas las posibilidades y puntos de vista e intentar llegar a un acuerdo. Vamos a debatir, a escuchar a todo el mundo y a sacar el mejor modelo para esta tierra», afirmó.
Gratificaciones
Respecto a las gratificaciones acordadas para los trabajadores de Servicios Sociales «que lo ha dado todo en esta crisis y merece nuestro reconocimiento en las formas en las que podemos», apuntó que se destinarán unos dos millones de euros, con los mismos criterios que establecidos para el personal sanitario y manifestó su deseo de que las cantidades puedan hacerse efectivas en la nómina de julio; «si no, lo haremos en agosto».
Isabel Blanco visitó ayer el centro Fisiomer puesto en marcha en la localidad berciana de Camponaraya por la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas, Aspaym, acompañada, entre otros, del alcalde y presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán.