La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, calificó hoy de “sorprendente” que la sentencia que ha anulado el concurso de funcionarios de la Administración autonómica, al que habían optado 6.000 empleados, “juzgue lo que hay y prejuzgue lo que no hay” por lo que estimó que “da que pensar”, pero “se acata”.
Así lo manifestó en la que ha sido su última rueda de prensa como titular del Gobierno de la Comunidad ya que mañana cesa al ser candidata del PP al Congreso por la provincia de Palencia, lo que aprovechó para despedirse de los medios de comunicación que han seguido seguido cada jueves su comparecencia.
Ante el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid que ha tumbado el concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en la Administración autonómica, después de estimar el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Letrados de Castilla y León, Marcos manifestó en declaraciones recogidas por Ical que la Junta lo va a “resolver cuanto antes para causar el menor perjuicio”.
Marcos avanzó que el próximo martes el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha convocado la Mesa General de Negociación para presentar a los sindicatos las modificaciones y adaptación de la relación de puestos de trabajo tanto a la sentencia como al decreto de catálogos tipo aprobado el pasado 7 de marzo.
Se trata del primer paso para volver a convocar un nuevo concurso abierto y permanente con todas las vacantes que permita la legislación, como explicó ayer a Ical la viceconsejera de Función Pública, Marta López, al conocer la sentencia. Así, la adaptación de las RPTs se llevará al próximo Consejo de Gobierno.
Tanto Marcos, como ayer López, indicó que no se presentará un recurso de apelación -tienen un plazo de 15 días- para no retrasar el proceso y poder convocar cuanto antes el nuevo concurso, en el que ya trabajaba la Junta con la previsión de que fuera anulado como ocurrió con el acuerdo de la Junta de agosto de 2007.