El juicio del denominado ‘caso PGOU’, que investiga presuntas manipulaciones de la cúpula de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid entre 2002 y 2007 en favor de determinado empresarios, arrancó hoy en la Audiencia Provincial con la petición de nulidad de proceso por parte de los abogados defensores, que consideran que los delitos han prescrito, a la vez que denunciaron la vulneración del derecho a la defensa de sus clientes y proceso de tramitación “caótico”.

La vista, que comenzó con un pequeño retraso por la queja de falta de espacios de algunas defensas a las que se ubicaron en mesas escolares, arrancó con el alegato del abogado del arquitecto Luis Álvarez Aller, que argumentó que a pesar de cuatro intentos, incluida una resolución de la propia Audiencia Provincial, en ningún momento el juez instructor fue capaz de trasladar a las defensas la documentación completa de toda la causa.

En este sentido, denunció que se trata de una clara vulneración de un derecho básico, ya que toda la documentación referida a la modificación del PGOU -unos 12.000 folios y 1.800 planos, según el Ayuntamiento-, es la base de acusación y las defensas solo han tenido acceso a la mitad de ella. A su vez, también criticó el desorden de los archivos facilitados, así como el retraso de trasladar a las defensas un informe de la Policía Judicial.

El abogado de Álvarez Aller también aseguró que la “tardanza dilatada” de la instrucción no se le puede imputar a las defensas, y recalcó la prescripción de los delitos.

En la primera sesión de la vista oral también intervino el abogado del exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, que mantuvo la tesis de la vulneración de derechos fundamentales de la defensa, a la que vez que denunció irregularidades por parte del juzgado instrucción en la resolución de un recurso de queja. Además de pedir la nulidad del proceso, también destacó que la dilación del mismo ha causado graves perjuicios en la carrera docente de su cliente, así como daños en su salud.

En una línea similar se pronunció el abogado del exjefe del área de Urbanismo Modesto Mezquita Gervás, que denunció que su cliente prestó declaración como testigo en el caso, para pocos meses después convertirse en imputado, a la vez que criticó que en este caso el traslado de la documentación a las partes se rigió por criterios distintos, uno para el Ministerio Fiscal y otro para las acusaciones.

Por su parte, el abogado del exjefe del Servicio de Planeamiento José Luis Cerezo Bada también argumentó la prescripción de los delitos y el incumplimiento del principio de ‘igualdad de armas’ para la defensa, y reclamó que la vista se cierre con la declaración de los acusados.

Más crítica fue la intervención del abogado del empresario José Jolín, que aseguró que la instrucción se realizo de espaldas a su cliente y que único motivo por el que no se ha certificado la entrega de toda la documentación a la defensa es que porque la causa está incompleta. De forma similar se pronunció el abogado de Ramón Herrero, que además de “caótica”, calificó la instrucción de “ilógica” y “sin criterios”, y afirmó que todos los delitos están prescritos.

Las cuestiones previas de esta vista continuarán mañana en una nueva sesión que comenzará a las 10 horas. En principio, se calcula que el juicio pueda prolongarse por espacio de más de dos meses, ya que están programas tres sesiones de mañana por semana, los martes, miércoles y jueves.

Penas

La Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita. A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro contra el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

En cuanto a los empresarios, la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel Marqués de la Ensenada.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que a los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

‘Antonio Machado’

Por su parte, la acusación particular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, mientras que también acusa al sacerdote Lino Collazo, entonces responsable de la Fundación Emilio Álvarez.

La presidenta de la Federación Antonio Machado, que esta mañana asistió al juicio, recalcó en declaraciones a la Agencia Ical que la alteración del PGOU “fue un abuso” y afectó, de una u otra forma, a buena parte de los vecinos al cambiarse edificaciones y usos del suelo. Además, aseguró que este caso no puede cerrarse sin saber “cómo se produjeron las alternaciones”.