Ecologistas en Acción y la federación vecinal Antonio Machado han exigido que las autorizaciones ambientales que la Comisión de Medio Ambiente de la Junta concedió esta semana a la compañía Befesa garantice la protección del medio ambiente y la salud de las personas “por encima de los intereses económicos” limitando la recepción de residuos peligrosos de fuera de la Comunidad y eliminando o reduciendo “al mínimo” las emisiones de amoniaco y las filtraciones, así como los vertidos incontrolados de paval.
Los ecologistas recordaron que desde hace años, vecinos de la zona norte de Valladolid y también de Santovenia de Pisuerga detectan episodios de “fuerte olor a amoniaco”, en especial por la noche, y que “cada vez son más frecuentes”. “La intensidad es de tal magnitud, que provoca picor de ojos, nariz y garganta, y tos, obligando a cerrar puertas y ventanas de las viviendas. Esta situación puede comprobarse revisando los registros del 010 y 112, con múltiples avisos por este problema”, trasladaron a través de un comunicado.
Desde Ecologists en Acción se insistió en que está demostrado que las emisiones de amoniaco porceden de las instalaciones de Befesa Aluminio S.L.U., situadas al norte de Valladolid, una empresa dedicada al tratamiento y recuperación de chatarras, residuos de aluminio y escorias salinas, que ya ha sido investigada por este motivo, siendo en este momento objeto de investigaciones penales.
La propia declaración ambiental de la empresa plantea como uno de sus objetivos reducir las emisiones de amoniaco, con medidas como la instalación de nebulizadores, el cerramiento de naves y el tratamiento de gases, todas ellas a llevar a cabo antes de junio de 2020, aunque los ecologistas lamentaron que “nada de eso se ha llevado a cabo a la vista de los resultados”, explicaron. “Las actuaciones se han limitado a construir una pequeña marquesina para cubrir parcialmente los residuos, que a la vista de los recientes episodios, ha servido de muy poco, o nada”, insistieron.
Esta situación se ve agravada al gestionar no sólo los residuos de la comunidad, sino también las hasta 180.000 toneladas al año procedentes de Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid o País Vasco, e incluso importados de Alemania, Italia o Portugal, que no siempre tiene salida en la industria cerámica donde se reciclan, por lo que son objeto de vertidos incontrolados periódicos, el último de los cuales se ha documentado en una antigua gravera de Rueda (Valladolid), según Ecologistas.