Los grupos del PSOE y Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid sitúan al que fuera presidente, Ramiro Ruiz Medrano, y al entonces presidente de Sodeva, Alfonso Centeno, responsables de los presuntos delitos que la Fiscalía ha encargado investigar relacionados con la tramitación y ejecución de Meseta Ski, el proyecto de pista seca en el término de Villavieja del Cerro, pedanía de Tordesillas. La reacción de ambos grupos se produce una vez recibida la notificación del Decreto de la Fiscalía vallisoletana donde ésta asume las denuncias que ambos formularon, junto con el Grupo Sí Se Puede, tras la elaboración de las conclusiones de la Comisión de Investigación que se habilitó para tal fin en la Diputación Provincial respecto de esta iniciativa de promoción turística.

La Fiscalía, como así subrayan ambos grupos a través de un comunicado recogido por Europa Press, resuelve como fundamentos de derecho que los hechos revisten indicios de delitos de malversación, prevaricación y falsedad, y que tales infracciones no estarían prescritas, dado que el daño producido estimado es mayor a 50.000 euros y las prescripciones son de 15 años, siendo las sanciones para estos delitos la posible inhabilitación por periodos entre 10 y 20 años.

La remisión a un juzgado por la Fiscalía se produce después de un año desde que los grupos presentaran ante la Fiscalía la documentación recopilada en el seno de la Comisión de Investigación sobre la gestión del proyecto Meseta Ski, con el fin de que fuese la vía judicial la que aclarase la existencia o no de posibles delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental, prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Ahora, apuntan PSOE y Toma la Palabra, Fiscalía asume sus razonamientos, es decir: la ocultación del volumen de las obras pretendidas para eludir los controles que exigía la ley de contratos, lo que afectó también a la licencia que se solicitó y se obtuvo para una obra mucho menor y diferente de la que finalmente se hizo.

La obra se intentó legalizar con la tramitación en las Cortes de la correspondiente ley para su consideración como Proyecto de Interés Regional, norma que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Este hecho, sumado al de la demolición de las obras, lo que conllevó la pérdida de la inversión realizada, podrían ser las causas de la presunta malversación de fondos públicos.

Socialistas y procuradores de VTLP mantienen que se realizaron obras, aunque no se sabe con certeza quién las mando ejecutar (según las investigaciones realizas por la Comisión hay indicios de que pudo ser el presidente de la Sociedad, Alfonso Centeno), y que la obra se licitó con unas bases de contratación aunque el contrato firmado fue diferente y beneficiaba muy favorablemente al contratista, lo que se realizó sin pasar por el Consejo de Administración de Sodeva, donde están representados los grupos de la oposición.

Casi dos tercios de las certificaciones de obras se hicieran con la obra parada, lo que, a juicio de los denunciantes, podría responder al deseo de que el Consejo de Administración no conociera el verdadero volumen de las obras ejecutadas.

El juzgado ahora tendrá que dilucidar quiénes son los responsables de estas irregularidades y de haber despilfarrado mas de 11 millones de euros de dinero público.

Para ambos grupos políticos, el presidente de entonces de Sodeva, Alfonso Centeno, y el de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, son los máximos responsables políticos y esperan que puedan ser sancionados con las infracciones que este tipo de delitos pueda acarrear.