La Junta de Castilla y León colgó hoy en el Gobierno Abierto la propuesta de modificación del decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en la Administración autonómica que, entre otras novedades, recoge que el grado reconocido de discapacidad, a la hora de presentarse a una oferta de trabajo, pasará del 75 al 65 por ciento, con el objetivo de incorporar a un mayor número de personas con capacidades diferentes. Además, el decreto, que ahora inicia su tramitación administrativa y que estará aprobado en verano, suprime la acreditación adicional que debían presentar algunas de las personas con discapacidad antes de incorporarse a su puesto de trabajo, pese a haber superado la oposición.
No en vano, en las convocatorias de oposiciones para la Administración autonómica de los últimos quince años se han reservado 480 plazas para personas con discapacidad, de las que solo se cubrieron 192. Mientras que en el caso de los laborales, se convocaron 307 plazas y se adjudicaron 131. Ibáñez lo achacó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, a motivos "diversos" como la existencia de "determinadas" barreras que las personas con discapacidad tenían que superar.
"Nos hemos encontrado con personas que una vez que habían aprobado un examen, cuando querían acceder a ese puesto, los responsables del servicio indicaban que las capacidades de ese individuo no eran compatibles con el desempeño del puesto de trabajo. Es por ello que tenían que acreditar, adicionalmente, que estarían capacitados para desarrollar esa labor", recordó. Una barrera que, con el nuevo decreto, se eliminará, lo que evitará que algunas de estas personas con discapacidad ya no tengan que acudir a los tribunales para defender sus derechos.
Los consejeros de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y de Familia e Igualdad del Oportunidades, Isabel Blanco, fueron los encargados de presentar, de forma telemática, en Valladolid el decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en la Administración de Castilla y León, además de la provisión de puestos de trabajo y la formación. Una modificación del texto que busca impulsar la captación y retención del talento en las personas con discapacidad, a través de la reducción progresiva de la brecha en el acceso al empleo público, basándose en un principio de proporcionalidad y seguridad jurídica. No en vano, Ibáñez expuso que la reducción del grado del 75 al 65 por ciento no será una desventaja para las personas con más discapacidad, ya que las pruebas son "objetivadas" para cada opositor.
Acompañado del presidente de Cermi Castilla y León, Juan Pérez, el consejero de la Presidencia destacó que la actualización de la normativa regulará que las pruebas selectivas contemplarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo, además de prestar una especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un plan de incorporación específico para facilitar su ingreso. En todo caso, precisó que la labor de ambas consejerías ya fue reconocido en 2020 con el Premio Plena Inclusión en la categoría ‘Apoyo en el Puesto de Trabajo’.
Tanto Ibáñez como Blanco resaltaron que la búsqueda de la inclusión y la generación de oportunidades para todos los castellanos y leoneses es un "eje prioritario" para el Ejecutivo autonómico. La consejera de Familia incidido en el reto de continuar avanzando en la igualdad de oportunidades y en la inserción social, a través del empleo, de las personas con discapacidad. Al respecto, ha recordado la exitosa experiencia del primer concurso-oposición en la Administración autonómica, convocado en 2017, que permitió la incorporación y ejemplar integración de cinco personas con discapacidad intelectual –cuatro mujeres y un hombre– a distintos centros de la Gerencia de Servicios Sociales.
Adaptar los exámenes
Con el proyecto de decreto presentado hoy, se trata de favorecer aún más el acceso laboral de este colectivo al sector público, adaptando las pruebas selectivas a sus necesidades y abriendo estos procesos también a las personas con enfermedad mental y parálisis cerebral.
En la actualidad, la Comunidad cuenta con 178.000 personas con alguna discapacidad, lo que supone el 7,4 por ciento de la población total. Alrededor de un 57 por ciento cuenta con discapacidad física (102.000 personas); un 17 por ciento, mental (30.000); un 11 por ciento, discapacidad intelectual (20.000); el 7, 5 por ciento, visual, y otro tanto, auditiva. Ambos consejeros valoraron que el nuevo decreto es fruto de la interlocución y la colaboración "permanente" con el tercer sector. "El texto es un paso más en los derechos y las necesidades del colectivo de las personas con discapacidad, por que unos de los objetivos es el empleo, tanto el público como el privado", expuso
De ahí que mencionara el esfuerzo de la Consejería de Familia que este año destina 7,6 millones a los itinerarios de inserción sociolaboral, lo que supone un 65 por ciento que lo reservado en el presupuesto de 2020. Unos itinerarios que han contado con la participación de unas 4.000 personas, de las que 133 encontraron un empleo en la administración pública.
Resultados "más que satisfactorios"
Ángel Ibáñez aseguró que esta apuesta por el colectivo de la discapacidad se enmarca en la búsqueda de la Junta por modernizar, estabilizar y mejorar la Función Pública. “Queremos retener y atraer talento para que esta administración siga siendo una seña de identidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad ampliamente acreditados", apuntó. Es por ello que precisó que no se puede renunciar a dotarse del "talento" en el colectivo de las personas con discapacidad. Y que consideró que ha demostrado ser un "auténtico" valor añadido para la Junta, con una capacidad de trabajo y resultados "más que satisfactorios".
Por su parte, Juan Pérez mostró su satisfacción con la modificación del decreto que aprobará la Junta al incorporar casi todas las propuestas y sugerencias de las entidades que forman parte de Cermi. También destacó que este avance es un ejemplo "clarísimo" de la colaboración entre el tercer sector y la administración. Por último, coincidió con el consejero en el "valor añadido" que aportan las personas con discapacidad.