El Congreso cumple un año sin controlar las actividades extraparlamentarias de sus señorías, puesto que el órgano encargado de revisarlas y autorizarlas no se reúne desde el final de la XII Legislatura, es decir, antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, que provocaron la disolución de las Cortes el 5 de marzo, desapareciendo todas la comisiones que habían funcionado en ese período y quedando activa solo la Diputación Permanente.

La Comisión del Estatuto de los Diputados, que es el órgano que se encarga de autorizar o no las actividades que los parlamentarios llevan a cabo fuera de la institución, quedó disuelta como el resto. Desde entonces, quienes siguieron en activo, los miembros de la Diputación Permanente, pudieron haber variado su régimen sin tener que dar cuentas a la Cámara por un periodo que se prolongó más de dos mes y medio, hasta la constitución de las Cortes, ya el 21 de mayo.

En las elecciones de abril hubo una gran renovación, pero tanto los que ya eran diputados como los nuevos tampoco fueron examinados. Los electos tuvieron que rellenar la denominada declaración de actividades y consignar si pretendían compaginar el escaño con otros cargos locales o autonómicos, con sus respectivas profesiones, acudir a tertulias, escribir libros o cualquier otra actividad.

Todos lo hicieron, pero nadie revisó esa información ni avaló su conducta, puesto que este grupo se constituyó el 30 de julio, pero jamás llegó a reunirse. 

La falta de acuerdo para investir presidente obligó a repetir las elecciones y las Cámaras volvieron a disolverse el 24 de septiembre.

Para entonces, los integrantes de la Diputación Permanente de la legislatura anterior que fueran reelegidos el 28-A acumulaban ya cerca de seis meses sin control alguno, mientras que quienes lograron acta en abril sin haber mantenido la condición de diputados gozaban ya de cuatro meses así.

Y el tiempo siguió corriendo tras el arranque de la actual legislatura, que echó a andar el 3 de diciembre con la toma de posesión de los electos el 10-N. Todos ellos cumplieron el Reglamento registrando su declaración de actividades antes de jurar o prometer el cargo, pero 120 después, esos documentos siguen pendientes de examen.

La Comisión del Estatuto de los Diputados se constituyó el 7 de febrero. Entre sus miembros esta legislatura figuran también tres de los parlamentarios con mayor patrimonio: la exministra del PP Isabel García Tejerina, el diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas (uno de los abogados de Puigdemont) y el exvicepresidente de Coca Cola y representante de Cs, Marcos de Quinto.

Y llegó el coronavirus

La idea era convocar la primera reunión cuando tomaran posesión todos los diputados que han venido sustituyendo a quienes han renunciado al acta por haber asumido otras responsabilidades. Los diputados sobrevenidos fueron llegando al Congreso en febrero, marzo empezó sin que se convocara la comisión y llegó el coronavirus. Para entonces este órgano ya había cumplido un año desaparecido.

El positivo del secretario general del Vox, Javier Ortega Smith, obligó a paralizar la actividad parlamentaria el pasado 14 de marzo.

Además, los diputados que siguen desde el 28-M suman ya 10 meses sin que se les autoricen sus actividades extraparlamentarias. La cifra supera el año en el caso de los que siguen en el Congreso e integraron las dos diputaciones permanentes que se activaron hace un año.

Es decir, los diputados que desarrollaran actividades fuera de la Cámara lo habrán hecho sin aval del Congreso, pudiendo haber incurrido incluso en alguna irregularidad si han compatibilizado dos labores legalmente incompatibles.

Hay que destacar que la Cámara no hizo públicas las declaraciones de intereses que sus señorías tuvieron que entregar tras ser elegidas.