El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid celebrará el 9 de octubre el juicio por el asalto sufrido el 24 de abril de 2018 por un estanquero al que robaron 90.000 euros de la recaudación tras recibir un martillazo en la cabeza.
Sobre el juicio pesan ya dos suspensiones anteriores, una el 30 de enero y la segunda el 1 de julio, con lo que la tercera convocatoria ha sido fijada para el 9 de octubre, fecha en la que el matrimonio compuesto por M.H.D. y su esposa compartirá banquillo, él acusado de un delito de robo con fuerza y empleo de instrumento peligroso y de un delito de lesiones, con peticiones de cinco y tres años de cárcel, respectivamente, por cada uno de ellos, y su pareja imputada por denuncia falsa y expuesta al pago de una multa de 1.350 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En la causa también se encuentra personado, como acusación particular, el propio estanquero, cuyo letrado solicita una condena de siete años para el presunto autor del robo.
Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2018, sobre las 14.00 horas en la plaza Doctor Quemada, junto al paseo de Zorrilla, lugar en el que la víctima de 52 años y estanquero de profesión, se dirigía a una sucursal bancaria para ingresar la recaudación de las máquinas de tabaco de varios establecimientos hosteleros de la zona.
En ese momento fue abordado por dos individuos que le golpearon con un objeto contundente en la cabeza, al parecer un martillo de grandes dimensiones para sustraerle las bolsas en las que portaba el dinero y del que sólo se han recuperado 22.000 euros. Posteriormente, los presuntos autores huyeron del lugar en un vehículo de color rojo que se encontraba estacionado en una calle colindante.
DENUNCIA FALSA POR EL ROBO DEL COCHE
El turismo utilizado en el robo, un Citroën ZX de color rojo, propiedad de una de las personas detenidas, esposa del principal inculpado, S.J.G, fue localizado completamente calcinado en un camino próximo a la carretera de Renedo.
La propietaria del vehículo había denunciado el robo del mismo para, según las pesquisas policiales, eludir cualquier responsabilidad en el robo ante el temor de que algún testigo pudiera reconocer el turismo como partícipe en los hechos.