La Guardia Civil de Valladolid desarticuló un grupo criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores en el marco de la Operación Ceapa. En total, se identificaron a siete víctimas, seis de nacionalidad rumana y una de Mali, que eran captadas para trabajar en campañas agrícolas sin contrato y sin saber su remuneración, según informó la Comandancia en un comunicado recogido por la agencia Ical. Los detenidos son el propietario de la empresa y dos trabajadores de nacionalidad rumana de la propia explotación agrícola. Estos últimos realizaban las labores de captación de las víctimas, que actualmente estas se encuentran trabajando de manera legal en otras empresas del mismo sector.
La empresa del sector agrícola se ubicaba en la provincia de Valladolid. En la inspección se detectó que era práctica habitual el empleo de trabajadores sin contrato, que desconocían la jornada que iban a realizar y el salario que iban a percibir. Estos hechos se producían desde octubre de 2018, cuando el grupo ofertaba puestos de trabajo en campañas agrícolas, con una supuesta remuneración diaria que sería acorde a su trabajo, y una alimentación y estancia dignas.
Las pesquisas realizadas revelaron que las víctimas fueron reclutadas en la provincia de Zaragoza, en entornos “extremadamente vulnerables”, aprovechándose del “deseo y esperanza” de tener una vida con más oportunidades para mejorar, ofreciéndoles unas condiciones de trabajo aparentemente atractivas. “Las victimas vivían en un entrono de desarraigo y presentaban dificultades para entender y hablar el castellano”, explicó la Guardia Civil.
Posteriormente eran trasladadas hasta las explotaciones agrícolas donde realizaban tareas del sector. Ofrecían unas remuneraciones que posteriormente no abonaban a los trabajadores. Además, les cobraban por el traslado desde su lugar de residencia hasta la explotación agrícola, por el alojamiento y la manutención, o por distintas gestiones administrativas.
Las condiciones de trabajo detectadas incluían jornadas laborales largas (13-14 horas), durante las cuales apenas tenían un descanso de una una hora para comer, que se descontaba de su remuneración laboral. Los trabajadores percibían una mínima cuantía, y se alojaban en una vivienda propiedad de un familiar de uno de los detenidos en la provincia de Salamanca, que se encontraba en condiciones “totalmente insalubres y antihigiénicas”, careciendo incluso de aseos.
Una vez que las víctimas finalizaban su jornada laboral, los captadores ahora detenidos, realizaban labores de control en los lugares donde pernoctaban. Una de la victimas sufrió un accidente laboral por la caída de un pallet, del cual no fue atendido, ni le facilito la empresa ninguna atención, aunque con posterioridad tuvo que desplazarse a un centro médico.
La operación fue posible gracias a la colaboración entre la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid. Asimismo, intervinieron miembros del equipo ROCA de Medina del Campo. A principios de año, el cuerpo inició la campaña “trabajo-forzoso” contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.