El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso de un peón de Piñones de Castilla SA. (PICASA), con sede en Pedrajas de San Esteban, que fue denunciado por la mercantil como presunto autor de un delito continuado de hurto de más de 8.000 kilos de dicho fruto por valor de 250.000 euros.
En su sentencia, el juzgador absuelve al operario denunciado, I.H.S, a quien el Ministerio Fiscal había pedido quince meses de prisión por el referido delito, con la agravante de abuso de confianza y la atenuante de dilaciones indebidas, un proceso del que se había desmarcado finalmente PICASA pese a ser la que interpuso querella contra el acusado el 13 de febrero de 2015.
Lo llamativo del fallo absolutorio radica en que el mismo se ha vuelto en contra de la referida mercantil, a tenor de lo declarado por distintos testigos en el acto del juicio oral, entre ellos el gerente, que vendría a desvelar la existencia de "dinero negro" y de trabajos opacos realizados para ocultarlos a Hacienda, obteniendo rendimientos no declarados que son hurtados al control fiscal y al pago de impuestos.
"Esto que es accesorio y no forma parte del enjuiciamiento tiene su relevancia porque es la línea defensiva mantenida desde un primer momento por el acusado, que siguiendo órdenes del gerente, periódicamente extraía cantidades de piñón que posteriormente le indicaba a quién tenía que suministrar, pero sin aparecer en los registros de la empresa", advierte el juez.
EL GERENTE NO DICE LA VERDAD
El magistrado añade que en el presente procedimiento no hay más prueba que la palabra del acusado frente a la del gerente de la empresa, "quien no mantiene la verdad respecto de la administración tributaria de la misma ni hacia los socios, o no todos los socios, y tampoco hacia su contable".
Pero además, el juez de Penal 3 censura la "errática actuación" de la acusación particular, finalmente retirada del procedimiento, lo que, a su juicio, "lastra enormemente las posibilidades acusatorias en un
procedimiento que, iniciado como un gran desfalco, que se dice de hasta 250.000 euros nada más ni nada menos, pese a lo que ni se intenta acusar por el delito de hurto agravado, ha ido dirigido por tumbos e intuiciones más que por la recopilación de pruebas contundentes contra el acusado".
Incluso el juez sugiere a la defensa del trabajador denunciado la posibilidad de iniciar acciones penales contra la empresa por introducir ésta en el presente procedimiento documentos falsos consistentes en una factura y un albarán de una operación efectuada con Azúcares Torrijos el 21 de octubre de 2014.
El abogado del acusado, Enrique Ríos, analiza la sentencia como "magnífica" en sus fundamentos técnicos y jurídicos, y "muy acertada" en las valoraciones realizadas sobre las distintas irregularidades cometidas por la empresa denunciante, al tiempo que estudia iniciar acciones frente a la misma, toda vez que ahora mismo su cliente "necesita descansar tras más de cinco años de preocupación por una situación injusta".